Exigen al Gobierno priorizar la asignación de recursos para la gestión productiva, garantizar el ingreso de divisas, sostener el comercio exterior y no abultar una burocracia estatal “clientelar” que socava la economía de todos los bolivianos.
Miembros de la bancada de Creemos anticiparon que no aprobarán el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2025, debido a las serias observaciones acerca de la distribución de los fondos públicos y la pretensión confiscatoria de la propiedad privada, utilizando la Ley Financial como un nuevo instrumento de persecución política.
Mediante un comunicado, asambleístas nacionales de esta organización política exigieron al presidente Luis Arce, priorizar la asignación de recursos a la gestión productiva que genere el ingreso de divisas para sostener el comercio exterior y no a la abultada burocracia estatal clientelar que está socavando la economía de todos los bolivianos hasta las siguientes generaciones y que a la fecha ha ocasionado la actual crisis económica.
“Esta bancada se mantiene firme en sus convicciones de defensa de los derechos ciudadanos y no se va a prestar a aprobar un Presupuesto General del Estado irreal, de fantasía y que busca empeñar el poco oro que nos queda, centralizar los recursos de las regiones y endeudar a los bolivianos por tres o cuatro generaciones, sin pensar que el pan de hoy será el hambre de mañana para nuestros hijos. Por eso, alertamos a la población a estar atentos contra las estrategias envolventes que pretende utilizar el Movimiento al Socialismo para querer aplicar estas normas atentatorias contra el pueblo”, señala parte del comunicado.
En ese contexto, Diputados y Senadores de Creemos expresaron sus cuestionamientos sobre el uso y destino de $us 45.000 millones que ingresaron al país, resultado de la venta de hidrocarburos, dilapidados por el MAS durante casi 20 años de gobierno y cuando el actual presidente del Estado ejercía como ministro de Economía y Finanzas Públicas.
Por todo lo expuesto, desde la bancada de Creemos se reiteró que el proyecto del Presupuesto General para la gestión 2025 fue planteado como un nuevo instrumento punitivo por actos ya tipificados como agio y especulación.