Reiterando que el daño ambiental provocado por la irresponsabilidad de autoridades es irreparable, la asambleísta nacional por Santa Cruz, María René �lvarez, anunció que ya tiene lista una campaña de denuncia internacional contra los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), por el daño ambiental provocado en el país durante 20 años del régimen, en especial en las zonas de la Chiquitania y Amazonia boliviana.
�lvarez informó que avanza en la recolección de datos, testimonios y expedientes que hacen seguimiento a todo el desastre ambiental provocado desde que el MAS llegó al poder en 2006 y que tuvo en la gestión 2024, el peor año de pérdida de territorios y bosques.
“Cincuenta millones de hectáreas quemadas es el saldo funesto que deja el régimen del MAS en sus 20 años de gobierno. La mal llamada Agenda Patriótica logró su objetivo de devastar las tierras en el oriente, Amazonia y Chiquitania boliviana�, manifestó.
La legisladora calificó como positivo el aporte de la prensa y otras organizaciones dedicadas a la investigación y defensa del medio ambiente, tomando en cuenta toda la normativa aún vigente, que se elaboró desde el nivel central para beneficiar la quema de tierras y bosques con fines políticos.
“Vamos a tomar nota de todos los datos y pruebas existentes, para sumarlos a esta campaña de denuncia internacional por el ecocidio perpetrado por los gobiernos del MAS, por ser un delito de lesa humanidad que dejó al país en una situación de catástrofe ambiental�, añadió.
�lvarez fue una de las primeras en denunciar los efectos de la Ley 741, que autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas de tierras, promulgada en 2015 e identificada como causante de las quemas descontroladas, sobre todo a partir de 2019, cuando se llegó a 5 millones de hectáreas quemadas.
En 2023, la diputada presentó un proyecto de ley de abrogación que quedó paralizado más de un año entre las comisiones controladas por el MAS y los ministerios del Ejecutivo. Desde el Senado se avanzó en otro proyecto de abrogación, pero aquel también quedó archivado en la Cámara de Diputados hace meses sin que exista voluntad política para continuar su sanción.
Según la legisladora de oposición, el daño ambiental irreparable es responsabilidad del Gobierno, así también de sus organizaciones sociales aliadas, que han provocado los incendios luego de los avasallamientos de tierras, precisamente al amparo de todo un paquete normativo centralista y depredador.