La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de admitir la denuncia contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por presentarse como candidato presidencial en violación de las disposiciones constitucionales de su país que limitaban el número de mandatos a dos, destroza el justificativo que la elección indefinida es un derecho humano inviolable. La demanda contra Ortega fue presentada hace siete años. El abogado boliviano Jaime Aparicio ha sido uno de los dos autores de esta demanda.
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