La oposición no ve ningún tipo de interés en hacer que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, comparezcan ante las autoridades competentes, a fin de que respondan por sus actos.
> Advierten que la pugna interna en el partido oficialista ha provocado un preocupante estado de deterioro en la institucionalidad del país, en los ámbitos: político, económico y social.
> Deterioro institucional afecta el trabajo de las fuerzas del orden y las instancias encargadas de administrar justicia, mismas que se ven perjudicadas por la constante obstaculización en su trabajo.

A tiempo de afirmar que en el país se ha llegado a un alto estado de deterioro en la institucionalidad, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Saúl Lara, advirtió que existe una preocupante falta de voluntad política por parte de autoridades para aplicar la justicia sobre quienes violan la ley.
En criterio del asambleísta representante del departamento de Cochabamba, en la actualidad no se observa ningún tipo de interés en hacer que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia, comparezcan ante las autoridades competentes a fin de responder por sus actos.
“Lo que está faltando es que el Gobierno tenga la voluntad política de someter ante la justicia a los que han violado la ley, a la cabeza de Evo Morales y muchos de este gobierno”, afirmó.
En ese sentido, responsabilizó a la pugna interna en el partido oficialista de haber provocado un preocupante estado de deterioro en la institucionalidad del país, tanto en el ámbito político como económico, con todos los efectos que ello conlleva en términos sociales.
Lara agregó que, a esto debe sumarse una prematura electoralización del país, con la que se priorizan temas políticos, dejando de lado la atención de problemas urgentes como la crisis económica, hecho que genera un “estado de zozobra” en todos los aspectos de la vida del ciudadano.
Según el legislador de oposición, una de las partes más preocupantes de este deterioro institucional, tiene que ver con el trabajo de las fuerzas del orden y las instancias encargadas de administrar justicia, mismas que se ven perjudicadas por la constante obstaculización en su trabajo.
Sostuvo que, un claro ejemplo de ello, es la situación en el trópico de Cochabamba, zona que prácticamente se ha convertido en una “republiqueta” al interior del territorio patrio, donde grupos radicalizados que responden a una facción del partido gobernante, se resisten a cumplir la norma y constantemente llevan adelante medidas de presión que persiguen intereses de carácter político que terminan perjudicando a todo el país.
“Si la Policía tiene que pedir permiso para hacer un operativo, eso es el deterioro de la institucionalidad. No puede darse el lujo, un país moderno, de tener republiquetas en su interior, eso es lo que está pasando”, aseguró el diputado, recordando que similar situación se registra en poblaciones cercanas a la frontera con la República de Chile, controladas por contrabandistas y “chuteros”, resistiendo controles o cualquier forma de acatamiento a la normativa legal boliviana.
“Todo esto es parte de la precariedad (institucional) de nuestro país”, insistió el parlamentario, cuestionando que desde instancias de Gobierno se contribuya a esta situación con la falta de capacidad para resolver problemas institucionales que se registran en el propio Parlamento.
Sobre las recientes declaraciones emitidas por el exministro Juan Ramón Quintana, quien desde la clandestinidad, manifestó que resistirá el cumplimiento de los requerimientos judiciales que lo vinculan con la violencia generada durante el bloqueo de caminos ejecutado por el “evismo” en la región del Trópico, Lara señaló que no solo la exautoridad, sino varios otros dirigentes y gente relacionada con el narcotráfico incurren constantemente en este desacato.
“No solamente Quintana, sino muchos pisotean la ley”, dijo el legislador, puntualizando que es de conocimiento público que “el Trópico de Cochabamba sigue siendo la factoría más importante de elaboración de droga en Bolivia”.
El pasado fin de semana, el exministro de la Presidencia durante el gobierno de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, reapareció, a través de un video difundido desde la clandestinidad, asegurando que no será un “objetivo fácil” y acusando al gobierno de ejercer “terrorismo de Estado”.
“El abuso del régimen de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca ha sobrepasado las líneas rojas, persigue con saña y odio y con todos los rencores acumulados”, aseveró Quintana en el video.
En su mensaje, también llamó a sus seguidores a no rendirse y a continuar luchando por la democracia, las libertades públicas y la igualdad.
Quintana enfrenta una orden de aprehensión junto al dirigente Ponciano Santos, por los delitos de terrorismo y alzamiento armado.
El jueves pasado, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que Quintana es un prófugo de la Justicia, y lo desafió a presentarse para asumir su defensa con relación a las acusaciones que pesan en su contra la violencia durante los 24 días del bloqueo “evista”.
“Para nosotros, el señor Juan Ramón Quintana está siendo buscado y es un prófugo de la justicia boliviana. Si no tiene nada que esconder que se presente ante un juez, un fiscal o ante un policía investigador, y demuestre que es inocente, que nunca ha manifestado que para que crezcan los bloqueos se necesitan ritos de sangre”, desafió la autoridad.
El exministro de Morales es vinculado a la violencia desatada en los bloqueos, porque habló que estas acciones de protesta se alimentan de muertes y heridos. “Quintana ha organizado el secuestro de policías y de periodistas, y la agresión y utilización de armas contra ciudadanos (…) ha dicho que para que crezcan los bloqueos en nuestro país se necesitan ‘ritos de sangre’. Ellos hablaban de sangre en las carreteras”, recordó Del Castillo.