Recortar el gasto corriente de 2023 en el sector público, crear un régimen impositivo específico para los grandes consumidores de diésel y cancelar los proyectos de producción de biodiésel, son tres de las seis medidas que planteó ayer la Fundación Tierra -organización especializada en temas agrarios y ambientales- para enfrentar los problemas económicos en Bolivia sin agravar los costos ambientales y sociales.

La propuesta, que está contenida en un documento resumen, fue presentada en una conferencia de prensa realizada en el hotel Torino de la ciudad de La Paz por el director Ejecutivo de la institución, Juan Pablo Chumacero y el economista investigador Gonzalo Colque, quienes hicieron un repaso de la información general sobre la situación económica de Bolivia, los escenarios económico y político por los que atraviesa y un análisis sobre los riesgos socioambientales ante el anuncio de la ejecución de medidas para promover el biodiésel y la profundización de actividades extractivas.

“Ante las urgencias económicas, tanto el Gobierno nacional como los grandes grupos económicos y financieros convergen y apuntan al mismo objetivo: profundizar las actividades extractivas ignorando el agravamiento de los costos ambientales y sociales. Estas recomendaciones olvidan que la agricultura mecanizada es la causa principal de la deforestación en Bolivia y la minería del oro es el mayor contaminante con mercurio de los ríos y pueblos indígenas de la Amazonia.”, advirtió Chumacero.

PROPUESTAS

Las tres medidas inicialmente mencionadas corresponden a las propuestas que se pueden efectivizar a corto plazo. La primera —referida al recorte del gasto corriente 2023 del sector público, que comprende las erogaciones que se destinan al pago de remuneraciones y servicios al personal, así como gastos de carácter administrativo— plantea reducir el déficit fiscal del 7,9% a menos del 5% del gasto programado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023.

“Recortar los gastos en bebidas, alimentos y refrigerios de la administración pública, recortar los gastos de viaje de los funcionarios públicos, eliminar los puestos laborales ficticios creados para la militancia del MAS en todos los niveles del Estado, eliminar los gastos de eventos políticos, publicidad gubernamental, actos de inauguración o de entrega de obras públicas”, ejemplificó Colque durante la conferencia.

Como segunda idea, se sugiere fijar un régimen tributario específico para los grandes consumidores de gasolina y diésel, mediante un sistema de identificación y registro único. Este mecanismo evitará los efectos multiplicadores imprevisibles a corto plazo respecto a una eventual subida generalizada de los precios de combustibles. “Para aplicar el Canon Diésel, hace falta un sistema único de registro de consumidores, sobre la base de las autorizaciones de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para la compra de combustibles en grandes cantidades”, apuntó Colque.

El tercer punto sugiere cancelar de inmediato los proyectos de producción de biodiésel porque éstos ejercerán presiones económicas para la deforestación masiva de los bosques de la Chiquitania y del sur de la Amazonia boliviana. Además, en un informe al Senado (agosto de 2022), El Ministro de Hidrocarburos y Energías admitió que el proyecto no cuenta con estudios técnicos, económicos y socioambientales. “Alentar desde el Estado la producción de soya para biodiésel es aumentar el consumo interno del diésel importado en el sector de la agricultura mecanizada. Alentar las plantaciones de palma africada es destruir los bosques amazónicos”, señala el documento de Tierra.

Dentro de lo que se puede hacer en el mediano y largo plazo entra la cuarta sugerencia de Tierra se plantea diseñar e implementar un nuevo modelo económico en lugar del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp) y la política de Industrialización con Sustitución de Importaciones (ISI). La quinta idea propone eliminar los privilegios económicos y tributarios que benefician, principalmente, a tres sectores extractivos (hidrocarburos, minería y agricultura primaria de monocultivos) y, finalmente, siguiendo las mejores prácticas internacionales, se sugiera que la planificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación (TGN) debe regirse según ciertas reglas legisladas para el manejo responsable y transparente de las finanzas públicas.