“Entre 2010 y 2020 se determinó un impacto del 42% de la superficie de territorios indígenas en tierras bajas que fueron afectados por incendios forestales, 300 mil hectáreas deforestadas anualmente para ampliar la frontera agrícola, y el 36% de la superficie reconocida a favor de los pueblos indígenas, alrededor de 18 pueblos se encuentran sobrepuestos a áreas reservadas a la exploración hidrocarburífera”, afirmó.

Señaló que la sobreposición de áreas hidrocarburíferas afecta también a pueblos indígenas en aislamiento voluntario y/o contacto inicial. “Quiere decir que las tareas de exploración en la Cuenca Madre de Dios, donde YPFB le está poniendo una especial atención se van a tener conflictos de carácter territorial”, advirtió.

El investigador recordó que el 2016 se dieron avistamientos de personas de comunidades Toromonas en situación de aislamiento voluntario en la zona de exploración sísmica. “Estamos viendo la antesala de conflictos territoriales, porque todos estos contratos mineros no cuentan con la consulta previa, y uno de los contratos con empresas extranjeras no han sido puestos a procesos de consultas”, aseveró.

El gobierno de Luis Arce aprobó durante la gestión 2022 al menos seis decretos y seis resoluciones ministeriales para soltar el chaleco de fuerzas del sector hidrocarburífero y la Ley 3058, sin necesidad de pasar por el Legislativo, con el fin de flexibilizar al límite las condiciones y mecanismos de exploración y explotación de hidrocarburos, atraer inversiones extranjeras y facilitar la importación de combustibles líquidos.

Vargas dijo que desde la crisis económica de 2014 se tiene una mirada desde los Órganos del Estado, de reactivar la economía, basada en el extractivismo. “El plan nacional de desarrollo responde a un contexto post pandemia y se van generando contextos y alternativas para salir de la crisis”, dijo durante el foro: Los límites del extractivismo: situación actual y caminos alternativos.

Sin embargo, señaló que la supuesta reactivación económica se desarrolla en un contexto de desinstitucionalización de las entidades del Estado y la flexibilización de los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, de Derechos Humanos y preservación de las áreas protegidas, además de lograr unir la debilidad interna de los poderes, que implica la falta de independencia de poderes.

Dijo que a pesar que la Constitución Política del Estado de 2009 reconoce derechos de los pueblos indígenas y ambientales, en los hechos se dio una profundización del extractivismo, que repercute en el incumplimiento de obligaciones internacionales y en una mayor presión sobre las áreas protegidas.

“Hay mayor ampliación de las fronteras auríferas, hay cambio de uso de suelo como lo que sucede en Beni, cuando 2019 se aprueba una nueva ley departamental que pretende abrir la frontera al extractivismo (…). Los incendios forestales tendrán gran impacto y abre los territorios a actividades ilícitas como el narcotráfico”, aseveró.

El foro fue organizado por la Fundación Tierra con apoyo de la Alianza por el Ambiente y el Territorio, el investigador sostuvo que es fundamental el tema de la transparencia en el sector hidrocarburífero para tomar las mejores decisiones. (Brújula Digital).