La denuncia contra el presidente Evo Morales por no respetar la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia y buscar una reelección indefinida tiene una vía más rápida para su tratamiento y es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte – IDH) con la intermediación de los “países garantes”: Colombia y Brasil y la recolección de medio millón de firmas solicitantes.
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