Sirmes La Paz denuncia a la población una crisis sin precedentes y extrema que se sufre hoy día debido al accionar irresponsable, abusivo y carente de criterio técnico por parte de la Gobernación y Sedes La Paz, señala la denuncia pública de la entidad sindical.
El primer punto señala la no devolución de ítems de profesionales que fallecieron, se jubilaron o retiraron, que afecta a la capacidad de atención de los hospitales y centros de salud. Por ejemplo, en el Hospital del Niño son 19 ítems que no fueron repuestos, en el de la Mujer con 7, en el de Clínicas 4, en el Instituto Nacional del Torax 3, en el Gastroenterológico Boliviano Japonés 4, en el Hospital La Paz 1 y en Centros de Salud de tarea urbana y rural también tienen la misma situación.
La denuncia indica que realizaron los reclamos y solicitudes para que estos ítems sean devueltos, inconcebiblemente e incumpliendo con sus tareas y de manera intencional Sedes La paz no devuelve los mismos a las instituciones, generado que estos hospitales y centros, que ya se encuentran con poco personal, se vean más afectados, llegándose a cerrar algunos servicios, como la atención de farmacia en las noches en el Hospital del Niño, el servicio de ecografía de tarde en el de la Mujer.
Asimismo, ponen en su denuncia pública los despidos injustificados y carentes de criterio técnico de colegas que llegan a tener hasta 20 años de antigüedad profesional, embarazadas y con patología de base, que requieren atención.
Sirmes señala que aparentemente los ítems no devueltos estarían siendo negociados, y desconocen a la fecha donde se encontrarían y quienes serían los beneficiados.
Por otro lado, informan el maltrato y persecución que reciben muchos profesionales, como la brigada que se encuentra luchando contra el dengue y que están expuestas al contagio, y que en algunos casos son retirados sin consideración.
Finalmente, dan a conocer a la población el incumplimiento de varios acuerdos que se firmaron entre el gobernador, el director Técnico del Sedes La Paz y el Sirmes, por ello se declaran en estado de emergencia, y anuncian el inicio de acciones legales contra las autoridades de la gobernación.