Analistas plantean que el Ministerio de Comunicación pague a los medios la promoción de las leyes que velan por los derechos de los bolivianos, para evitar efectos negativos en la empresa privada tomando en cuenta la imposición del artículo 74 de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas (LOP), que manda gratuidad sobre la propaganda de los partidos habilitados para las elecciones generales.
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