“Pensamos que sí, se debería retirar los textos se está dando un pésimo ejemplo, a los niños que son los que van a replicar, van a repetir, lo que ven de niños en la casa en la escuela lo repiten o lo amplifican, entonces pensamos que se debería retirar, al menos cambiar las tapas, se puede cambiar las tapas. Y mostrar voluntad de hacerlo, reconocer, es hidalgo y se puede enmendar”, sostuvo Hidalgo.
Asimismo, lamentó que, al parecer, no hubo coordinación para la elaboración de los libros, dejando saber que el Ministerio debería haber encargado la elaboración de los escritos a las empresas de editoriales privadas “que tienen equipos de gente capacitada para hacer todo este trabajo: ilustradores, correctores, diagramadores, editores”.
Explicó que el editor es el que debe dar el visto bueno para decir “esto se imprime o esto no va”, tiene el conocimiento para saber qué es lo adecuado y es como un intermediario entre el comprador o el público y el autor.
Su labor incluye la revisión de los trabajos de ilustradores. Por eso, “si se hubiera acudido a estos profesionales en coordinación, se habría tomado artistas que podrían haber hecho un buen trabajo en las editoriales y haber hecho una propuesta propia, original y no copiando el trabajo de un estudio japonés, que seguramente, cuando se entere (de las imágenes usadas) va a hacer alguna demanda”, apuntó el presidente de la CDL.
Señaló que según la Ley de Propiedad Intelectual, el hecho “es prácticamente un robo, está estipulado , está tipificado, está descrito” en esa norma y que tiene penas dependiendo si la denuncia es por la vía civil o por la vía penal.
“Esto va tener seguro una consecuencia, hay que apoyarse en la Ley de Propiedad Intelectual para saber qué es lo que podría pasar y esto debería ser de conocimiento de quienes han elaborado estos textos”, mencionó.
Para evitar este tipo de hechos, Hidalgo aconsejó “trabajar coordinadamente entre la parte estatal y civil y vamos a poder avanzar, hacer mucho más de lo que se ha hecho en estos últimos 10 años”.
En pasados días, dirigentes del magisterio urbano presentaron denuncias contra el ministro de Educación, Edgar Pary, por delito contra la propiedad intelectual, incumplimiento de Deberes, contratos lesivos y conducta antieconómica.