El Gobierno instruyó a la Contraloría General del Estado que realice la auditoría sobre los ocho contratos directos que se realizó por invitación directa a la empresa mexicana Neurona Consulting, por un monto de 12 millones 461 mil bolivianos para la propaganda marítima; sin embargo, eludió cargar responsabilidad sobre Gisela López, exministra de Comunicación, en cuya gestión se hicieron dichos contratos.
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