La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) condenó los hechos violentos ocurridos en la propiedad Santagro y exigió al Gobierno que garantice el derecho a la vida y a la actividad productiva en el país.

“Repudiamos el delito de la toma de tierras públicas y privadas en el territorio nacional, cuyos principales afectados son los productores de alimentos, quienes como los propietarios del predio Santagro se sienten en la más absoluta indefensión ante el incumplimiento de la ley de parte de las autoridades llamadas a hacerlo, como el Instituto de Reforma Agraria (INRA), el Ministerio Público, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), la Policía Nacional y el órgano Judicial”, señala el comunicado emitido por la organización.

El 29 de marzo, la propiedad privada Santagro (provincia Guarayos, Santa Cruz) fue escenario de un enfrentamiento entre avasalladores y trabajadores de la empresa. Como consencuencia de los choques se registraron dos fallecidos y dos heridos de gravedad.

La empresa afectada denunció que el lugar permanece tomado desde finales del año pasado y no hubo ninguna acción de las autoridades de Gobierno para desalojar a los avasalladores, pese a los requerimientos legales de su propietario.

El propietario siguió el marco legal vigente y contaba con requerimiento fiscal que pedía al Comando de la Policía de Santa Cruz, el envío de efectivos policiales para determinar los actos delictivos cometidos por los avasalladores, se indica en el comunicado.

En el comunicado, Anapo lamenta la pérdida de vidas humanas y se solidariza con las familias afectadas. “Desde 2021, alertamos públicamente que la falta de sanciones efectivas a quienes toman irregularmente las tierras podía generar una escalada de violencia. Los hechos ocurridos en el predio Santagro confirman esta advertencia”, señala.

En ese sentido, los productores de oleaginosas exigen que se dé cumplimiento al rol de la Policía en precautelar el orden público y proteger a la sociedad civil de grupos irregulares y armados. Además, piden a las autoridades cumplir el compromiso del presidente Luis Arce de no tolerar los avasallamientos ni el tráfico de tierras.

Al respecto, cabe mencionar que a pesar de esa afirmación presidencial, el Gobierno apoyó a los avasalladores de Santagro, haciendo que el INRA indique que Santagro es tierra fiscal no disponible.

Además señaló que los propietarios, para recuperar esos predios, llevaron a gente armada; ahora los denominados interculturales se nieguen a devolver a sus verdaderos dueños Santagro junto con la cosecha de soya.

Como si fuera poco, el propio Arce dijo que se construirá un edificio de siete pisos para los interculturales, que vienen asaltando tierras especialmente en el oriente del país.

Ante esta situación, Anapo manifestó que brindará todo el apoyo necesario a todos sus asociados, que sean amenazados o afectados por grupos irregulares que avasallan y toman tierras productivas.

“Exigimos que los órganos del Estado precautelen y garanticen el derecho de propiedad, el derecho a la vida y al trabajo de los productores que invierten en la producción de alimentos para el país”, manifiestan en su pronunciamiento. (Santa Cruz, EL DIARIO y agencias).