El senador Guillermo Seoane lamentó que en los primeros meses de gestión del presidente Luis Arce, se haya priorizado la persecución política en contra de opositores y exautoridades; además, de la campaña política con miras a las elecciones subnacionales antes que la atención de la salud de la población y las necesidades de inmunización para prevenir cuadros graves de este mal.

“Lamentablemente, para el nuevo gobierno hubo temas prioritarios como la persecución política, la campaña electoral o la distribución de pegas, antes que la salud y la vida. Por eso, la gestión de la vacuna por parte del Gobierno es ineficiente, discriminatoria y poco confiable”, dijo.

Señaló que se han identificado tres problemas, la falta de disponibilidad y distribución por no contar con las dosis necesarias, un manejo gerencial deficiente que no responde a la realidad y una estrategia de comunicación deficiente.

Al respecto, el presidente de esta organización política Carlos Mesa Gisbert señaló que es necesario tomar medidas urgentes que ayuden a que la población pueda superar el actual momento.

Por lo que se propone promulgar, con urgencia, una ley, en coordinación con el sector médico, que declare prioridad nacional y de interés público el proceso de vacunación.

También se pide instruir a la Cancillería que, de manera prioritaria y utilizando todas las herramientas disponibles, se dedique a asegurar la compra de vacunas en condiciones de urgencia, calidad, garantía y costo adecuados.

Elaborar a la brevedad un verdadero plan de vacunación que involucre al personal de salud, sobre todo los médicos, en su elaboración, seguimiento, monitoreo y ejecución y que coordine con las instancias departamentales y municipales, la sociedad civil y el sector privado.

Autorizar expresamente a las Entidades Territoriales Autónomas proceder a la adquisición de vacunas en el mercado externo, lo que se deberá coordinar con el Ministerio de Salud, para garantizar la calidad y la razonabilidad de los precios y el transporte. El gobierno nacional garantiza la gratuidad de las vacunas para los ciudadanos de Bolivia.

Establecer un acuerdo público privado con los operadores de salud de ese sector, para facilitar la provisión de vacunas y la adecuada logística, que garanticen que las vacunas adquiridas en el mercado externo cumplan con los requisitos de calidad y precios.

Regionalizar la vacunación y ligar el cronograma de las poblaciones objetivo de acuerdo al establecimiento de salud público o privado donde debe vacunarse a la población.

Mesa, además, señaló que es necesario reforzar la obligatoriedad de la aplicación de medidas de prevención definida, fortalecer las campañas de información y e implementar sistemas de vigilancia y monitoreo del proceso de vacunación.