El juicio duró cinco años, pero recién desde 2021, con el ingreso de la actual gestión rectoral, se iniciaron distintas acciones para defender el predio estatal a favor de toda la comunidad universitaria.
«Recibimos este caso con una situación muy preocupante, de 80 a 20 en contra de la Universidad y a favor de estas personas que se valieron de artimañas y documentos ilegales para el proceso. Estábamos en riesgo de perder 23.000 metros cuadrados, pero actuamos rápidamente ni bien ingresamos al Rectorado y hoy vemos con satisfacción los resultados», resaltó el rector de la UMSA, Oscar Heredia.
El 2017, dos personas interpusieron ante el Juzgado Público Civil y Comercial 7° una demanda contra la UMSA por la supuesta propiedad de 23.000 mt2, valiéndose de un certificado de catastro y un testimonio de poder, obtenidos ilegalmente y atropellando los documentos legítimos a nombre de esta casa de estudios superiores. El espacio en disputa fue valuado en $us 13,8 millones.
La UMSA cuenta con la primera inscripción del terreno tanto en la Alcaldía de La Paz como en Derechos Reales, además de las certificaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y del Instituto Geográfico Militar (IGM) en cuanto a los límites de la propiedad. Estos documentos y otras acciones, como pericias e inspecciones, permitieron que el juzgado anule los documentos de las dos personas y falle a favor de la comunidad universitaria.
La Procuraduría tuvo una participación importante en el proceso, dentro de su rol constitucional de defensa de los bienes estatales que tienen un valor por encima del millón de dólares. Heredia destacó el trabajo de los departamentos de Infraestructura y Asesoría Jurídica, y agradeció el apoyo del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.
Este no es el único caso, pues los terrenos de la Estación Experimental de la Facultad de Agronomía, en Sapecho (municipio de Palos Blancos), fueron apropiados en dos sectores, en uno el espacio en disputa fue de 1.121 mt2 y en el otro, de 6.290 mt2. Asesoría Jurídica interpuso un proceso judicial en el Juzgado Agroambiental de Caranavi y, tras presentar todas las pruebas necesarias, en mayo se obtuvo una sentencia que devolvió estos predios a la UMSA.