El ingeniero Jorge Edgar Zambrana Jiménez dijo que se debe denunciar lo que está ocurriendo con el Gobierno chileno que quiere hacer creer al mundo entero que el agua que han desviado, por medio de tuberías y canalizaciones artificiales en el territorio boliviano del bofedal Silala es un río natural.

El tubo construido de manera clandestina por Chile es una de las pruebas de la canalización artificial de las aguas ‘Silala’, para hacer un uso ilegal y prepotente, comercializándolas en todo el norte chileno y también vendiendo a la empresa minera Chuquicamata, a un precio comercial en provecho de las empresas chilenas ladronas.

En la prensa boliviana se ha denunciado que exfuncionarios bolivianos como el excanciller Antonio Aranibar Quiroga, el doctor Teodosio Imaña Castro, expresidente de la Academia de Ciencias y expresidente de la Comisión Nacional de Soberanía y Limites, el expresidente Evo Morales y también el exagente boliviano ante la Corte de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, admitieron la falsedad de que una parte de las aguas de Quetena fluyen de manera natural hacia Chile.  Ello constituye una flagrante traición a la Patria boliviana. La pregunta surge: ¿Qué van a hacer ahora los nuevos Gobiernos bolivianos, a través de su Cancillería? ¿Van a ser cómplices?

La Corte Internacional, ¿va a hacer estudios científicos, para mostrar cuál es la verdad?; o va emitir un decreto prevaricador en contra de Bolivia, tal como ya lo ha hecho en el caso del tema del mar? Hasta el momento ninguno de sus jueces se ha hecho presente en el terreno del Silala. no conocen el sitio. Si la Corte falla en contra de Bolivia será por la incapacidad y negligencia del Gobierno boliviano de no reclamar por el robo de esas aguas. Tiene la palabra asimismo el pueblo potosino, sostiene Zambrana.

El gobierno de Jeanine Añez nombró un nuevo agente ante la Corte de La Haya, el cual ha asumido la posición chilenófila de que las aguas del bofedal serán compartidas “amigablemente” por Bolivia con Chile. Este agente de Bolivia ante la CIJ, Jaime Aparicio, ha señalado que la discusión que queda ahora es sobre aguas compartidas, y que “Bolivia no tiene la soberanía sobre el 100 % de esas aguas”, sostuvo.

Recordó que la excanciller del Estado boliviano, Karen Longaric ha expresado ante la prensa que “no hay aportes nuevos, en la investigación por el caso Silala, para ser expuestos en la fase de alegatos orales, por lo que los argumentos anteriores serán refrendados ante la CIJ de La Haya”. “No hay innovación alguna, no hay aportes nuevos. Simplemente es refrendar los argumentos que ya están incorporados en la fase escrita”, “El Gobierno de Evo Morales ha expresado ante la CIJ que una parte de las aguas del bofedal fluyen de manera natural hacia Chile”, añadió la autoridad, quien más parecía canciller chileno.

No obstante, el presente documento del ingeniero Jorge Edgar Zambrana Jiménez es un aporte nuevo para ser tomado en cuenta por los nuevos Agentes en La Haya.

Manifestó que periódicamente, personal de carabineros chilenos ingresa prepotentemente a territorio boliviano con la finalidad de cumplir tareas de limpieza y mantenimiento de los canales artificiales; nadie dice ni hace algo en el ejército boliviano ante este atentado a la soberanía de Bolivia.

COMERCIALIZAN AGUA DEL QUETENA

Jorge Edgar Zambrana Jiménez sostiene que las empresas de Chile, como es su costumbre de apropiarse de lo ajeno, comercializan como propias las aguas del bofedal Quetena boliviano vendiéndolas a las poblaciones invadidas y usurpadas: Antofagasta, Calama, Tocopilla y Mejillones, así como al centro minero Chuquicamata, para producir y exportar cobre boliviano, del cual también se han apropiado militarmente en 1879.

Puntualizó que el uso de las aguas del Silala por parte de Chile es abusivo y arbitrario; le asiste a Bolivia el derecho de exigir cobro de derechos y resarcimientos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

El monto que Chile le debe a Bolivia hasta la fecha, por el uso de las aguas del bofedal Silala, asciende a la suma de 7.000 millones de dólares,

Es decir: 280 litros por segundo, robados, según aforos in situ;

O sea, 280x60x60x24x30x12:1000; nos da 8.709.120 m3 al año;

1 m3 de agua potable cuesta siete dólares para consumo comercial en Bolivia;

Entonces Chile debe pagarnos 60.963.840 dólares cada año;

Son 113 años desde 1908 cuando se dio la concesión, la misma que fue revertida por el cambio de energía en las locomotoras de vapor a diésel.

Pero, Chile desde 1908 ha cometido delito fraudulento al comercializar las aguas citadas vendiéndolas a las poblaciones del norte de Chile y a la mina Chuquicamata, sin permiso de Bolivia.  La concesión fue otorgada solamente para alimentar los calderos del ferrocarril.

Por ello, Chile nos debe por el robo del agua del ‘Silala’ 6.888.913.920 dólares hasta la fecha.

Redondeando son 7.000 millones de dólares.

Bolivia tiene el deber y derecho de aprovechar el 100 % de las aguas del bofedal, las cuales son potables. Se las puede embotellar para vender en Potosi, Sucre y Tarija.