La probabilidad de que las lluvias de diciembre reviertan esta situación es entre baja a muy baja. Los datos se desprenden de un análisis realizado por la Fundación Tierra a partir de reportes históricos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

SANTA CRUZ

Es la región más afectada por la escasez de lluvias, habiéndose registrado un acumulado de 834 milímetros (mm) entre enero y noviembre de este año. Este total representa el 53% con respecto al promedio anual de 1.560 mm de esta región. Viendo que la diferencia alcanza a 446 mm y sabiendo que el histórico de las lluvias de diciembre ronda 170 mm, se puede afirmar que el 2022 quedará marcado para Santa Cruz como el año más seco del periodo 2011-2022.

Según los reportes de estaciones meteorológicas activas del Senamhi, los municipios cruceños más afectados son: Comarapa (142 mm), Cuatro Cañadas (261 mm), San Javier (418 mm) y Pailón (468 mm). Al tratarse de las zonas más representativas de la agricultura mecanizada, la siembra de verano está rezagada y el déficit hídrico de noviembre agravó esta difícil situación para los productores de soya, maíz y trigo. Dependerá de las lluvias de diciembre si la actual situación tiene consecuencias graves para la próxima cosecha.

ORURO

El registro orureño no sobrepasó 129 mm a noviembre de este año. Es el tercer año consecutivo en que se agravan las bajas precipitaciones pluviales en el departamento altiplánico. En el periodo enero-noviembre del 2020 no superó 230 mm y el 2021 cayó a 200 mm. Oruro arrastra el problema de déficit hídrico desde la sequía de 2016, que marcó un antes y después. A diciembre, es un hecho que Oruro no alcanzará ni la mitad del registro promedio de los últimos doce años cifrado en 339 mm.

CHUQUISACA

Debido a que existen pocas estaciones meteorológicas activas, las principales mediciones están concentradas en torno a la ciudad de Sucre. Estos reportes muestran que en lo que va del año, las lluvias alcanzaron un acumulado de 332 mm, siendo la cifra más baja del periodo 2011-2022. De forma similar a Oruro, Sucre sufre bajas precipitaciones pluviales desde hace tres años y con tendencia decreciente.

Comparadas con el promedio de 570 mm de los últimos doce años, las lluvias de diciembre están lejos de lograr una mejora significativa de la aguda situación de esta región chuquisaqueña. En promedio, las lluvias de diciembre alcanzan 106 mm, lo que, si ocurre, sería insuficiente para acercarse a los promedios históricos.

LA PAZ

Aunque los registros oscilan debido a la diversidad de ecoregiones existentes en el departamento, la hoyada paceña sigue siendo un punto referencial. Entre enero y noviembre del 2020 se registraron 317 mm de lluvias, lo que representa el dato más bajo del periodo, seguido por 351 mm en el 2014 y este último año (2022) alcanza a 372 mm. Este desempeño climático se posiciona dentro de los parámetros y promedios razonables. La Paz tiene una tendencia marcada hacia la baja del déficit hídrico debido a la escasez de lluvias por tercer año consecutivo.

El problema principal del departamento está en el altiplano paceño. Los registros reportados desde Escoma del norte altiplánico suman 262 mm en los once meses del año en curso. Jesús de Machaca, otra región altiplánica al sureste del Lago Titicaca, acumuló solamente 229 mm en el mismo periodo. Viacha está cifrada en 173 mm. Todos estos datos están bastante alejados de las precipitaciones medias de la región, que oscilan entre 404 a 800 mm. Al igual que en otras regiones, la sequía altiplánica se presenta por tres años seguidos.

COCHABAMBA

A noviembre, la precipitación pluvial de la zona valluna de Cochabamba totalizó 302 mm, siendo el tercer año con mayor déficit de lluvias. El peor registro es del 2016, con 223 mm en once meses, seguido el siguiente año por 303 mm. Las lluvias del último serán decisivas para ver si el 2022 es el segundo o tercer año más seco del periodo de doce años 2011-2022.

Las localidades de Quillacollo (223 mm), Sacaba (209 mm) y Tiquipaya (268 mm) se encuentran entre las más afectadas por las bajas precipitaciones acumuladas durante el presente año. Este comportamiento climático de los valles es similar al del altiplano paceño, por lo que estaríamos frente a escenarios preocupantes para las zonas agrícolas de las tierras altas.

Existe un 86% de probabilidad de que persistan las consecuencias del fenómeno de La Niña en los próximos dos meses (diciembre 2022-enero 2023), según los últimos pronósticos del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen). Esto significa que las precipitaciones serán menores a los promedios históricos durante los dos meses más lluviosos.

Las escasas lluvias registradas en el mes de noviembre alargaron la duración del periodo seco en Bolivia, lo que retrasó de forma significativa el inicio del calendario agrícola para la siembra de verano. Si diciembre presenta lluvias tardías o irregulares, los riesgos agrícolas y alimentarios podrían crecer rápidamente, en especial en el sector de la agricultura mecanizada y la pequeña producción campesina.

La gravedad de la sequía del 2022 tiende a ser igual o mayor que la del año 2016, cuando el gobierno nacional emitió el Decreto Supremo 2987, declarando situación de Emergencia Nacional debido a la presencia de sequía y déficit hídrico en diferentes regiones del territorio nacional. Aquella vez, la declaratoria liberó recursos públicos desde el nivel nacional y gobiernos subnacionales para la atención de la emergencia.

Para Santa Cruz, el 2022 será el año con la más baja precipitación pluvial de los últimos doce años, además de sequías persistentes por tres años consecutivos (2020-2022). La agricultura mecanizada será altamente dependiente de la distribución uniforme de las lluvias en tiempo y espacio durante los meses diciembre y marzo.

Ante esta compleja situación, la Fundación Tierra exhorta a evaluar la necesidad de una declaratoria de emergencia nacional para prevenir las pérdidas agrícolas del próximo año, en especial a favor de las pequeñas unidades agropecuarias que producen para el autoabastecimiento y mercado interno. El gobierno nacional debe asumir sus obligaciones y no limitarse a presionar a los gobiernos municipales para el combate de la sequía.

Las autoridades competentes deben informar sobre la disponibilidad y el estado financiero del Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres (FORADE), creado por Ley 602 del 2014, con financiamiento equivalente al 0,15% del total del Presupuesto General del Estado. Los fondos en fideicomiso para atender las emergencias de sequías deberían superar los 100 millones de bolivianos y ser de inmediata disponibilidad.

Las entidades públicas como el Senamhi, encargadas de gestión y monitoreo de información climática, alertas tempranas de riesgos y elaboración de recomendaciones, deben prestar especial atención a la situación actual, brindar información oportuna a la población en general y actuar con celeridad según sus mandatos. (Santa Cruz, Fundación Tierra)