El primer factor que refiere Silva es el económico ya que todas las gobernaciones y municipios están agobiados por un ambiente de crisis económico, siendo que sus ingresos redujeron drásticamente en los últimos años.

“Ya no es como en otrora donde las autoridades departamentales tuvieron recursos y gobernaron sobre vacas gordas, ahora el problema es que los recursos para los gobiernos subnacionales han reducido dramáticamente, por lo tanto, es bastante complicado y puede llevar al fracaso departamental o municipal”, advirtió.

El pasado mes, siete alcaldes salientes emitieron un comunicado en el que pidieron que el Gobierno suspenda los recortes presupuestarios realizados a través de tres leyes y tres decretos aprobados durante el gobierno de Evo Morales.

El documento señala que las alcaldías sufrieron recortes de recursos destinados a cubrir funciones que no corresponden.

Advirtieron que los alcaldes que terminaban funciones conocen la difícil situación financiera que sus sucesores, desde el 3 de mayo, deberán enfrentar.

En 2007, se aprobó el Decreto 29400, que dispone que el Fondo de Renta Universal de Vejez sea financiado por el 30 % de todos los recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de las (entonces) prefecturas, municipios, Fondo Indígena y TGN, a partir del 1 de enero de 2008.

El Decreto 859, del 29 de abril de 2011, creó el Fondo de Educación Cívico Patriótica financiado con un 0,2 % de los gobiernos departamentales, municipales y universidades.

La Ley Nacional de Seguridad Ciudadana Para una vida segura, del 31 de julio de 2012, dispone el uso del 10 % de los recursos del IDH en inversiones municipales con destino a infraestructura, vehículos, equipamiento y otros en favor de la Policía.

A través del Decreto 3437, del 20 de diciembre de 2017, el Gobierno dispuso que el pago del bono mensual para las personas con discapacidad se haga con cargo al presupuesto anual de los gobiernos municipales.

Las exautoridades municipales, consideran que el pacto fiscal sería la única que enfrente y subsane los desequilibrios horizontales y verticales que impiden a las alcaldías cumplir con el nuevo catálogo de competencias establecido en la Constitución.

Aclararon que aunque el pacto fiscal nunca se negoció, la ley autonómica implicó más pérdidas, porque desde la reestructuración de los niveles de atención de salud solamente es competencia de los Gobiernos Municipales dotar de la infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los establecimientos de salud de primer y segundo nivel, siendo estricta responsabilidad del Gobierno Central la gestión y financiamiento de los recursos humanos.

INGOBERNABILIDAD

Para el analista, un segundo elemento que deben enfrentar las autoridades es la ingobernabilidad, porque muchos de los gobiernos departamentales y algunos municipales tienen legislativos con mayoría de oposición como el caso de la Gobernación de La Paz.

Aclaró que el ente legislativo en una gobernación o municipio es fundamental ya que son ellos los que se encargan de traducir políticas públicas de la gestión y por ello algunos se verán obligados a negociar y hacer pactos para hacer políticas públicas a través de leyes, y el segundo lidiar con atosigantes actos de fiscalización.

El lunes 3 de mayo de 2021, la oposición asumió el control de seis de las nueve gobernaciones, en algunos casos con absoluta debilidad en las asambleas departamentales porque el Movimiento al Socialismo (MAS) controlará la gobernabilidad de ocho asambleas legislativas, salvo Santa Cruz donde la diferencia es mínima.

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, tiene siete legisladores frente a 26 del MAS. También enfrenta una ruptura con la agrupación Jallalla que tiene bajo su control a dos representantes. Hay cinco votos de la agrupación opositora Somos Pueblo, 1 del MST, 1 Sol.bo, y cinco representantes indígenas.

El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, tiene cinco asambleístas de los 21 que componen el legislativo, el MAS tiene 14.

En Santa Cruz, Luis Fernando Camacho tiene 11 de los 28 asambleístas frente a 11 del MAS, 1 ASIP y 5 votos de la representación indígena que no sabe a cuál bando inclinará su respaldo.

En el departamento del Beni, el gobernador Alejandro Unzueta postulado por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), tiene 7 de los 28 asambleístas, mientras que el MAS logró 12 curules, 5 Todos y 4 las representaciones indígenas.

En Tarija, el gobernador opositor Oscar Montes logró 12 de los 30 asambleístas frente a los 13 que tiene el MAS, 2 de la agrupación Todos y 3 representantes indígenas.

En Pando, el opositor Regis Richter tiene un representante de los 21 asambleístas, frente a 13 del MAS, 2 Comunidad de Integración Democrática (CID), 1 Movimiento Democrático Autonomista (MDA), 1 PTS y 3 de la representación indígena.

El MAS conserva mayoría absoluta en las gobernaciones de Cochabamba, Potosí y Oruro, donde sus autoridades Humberto Sánchez, Jhonny Mamani y Jhonny Vedia.

Los opositores ocupan siete de las diez alcaldías de las ciudades capitales.

BOICOT

Para Silva, un tercer elemento es un probable boicot político, lo que significa que el gobierno central, como esquema político, esté interesado en que algunos gobiernos departamentales y municipales fracase para evitar una proyección política a futuro.