Los choferes de la ciudad de El Alto ratificaron sumarse al paro nacional indefinido del próximo 8 de noviembre, en demanda de la abrogación de la Ley 1386 de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, según el dirigente Víctor Tarqui.

El sector de los trabajadores del transporte público de minibuses, afiliados a la Federación Andina de Choferes Primero de Mayo, recordó que se encuentran en estado de emergencia a causa de este tema, por lo que retomarán estas medidas de presión en contra de dicha ley.

“Nosotros, junto a las otras organizaciones sociales hemos otorgado un tiempo suficiente como para que analicen y se abrogue la Ley 1386, pero parece que no les interesa, es por eso que estamos decidiendo retomar nuestras medidas de protesta, porque es un peligro para todos los bolivianos, debido a que afecta a nuestros bienes que con mucho sacrificio hemos logrado conseguir”, explicó el dirigente Tarqui.

De la misma forma, el representante del sector anunció que se tiene previsto la presencia de varios otros sectores sociales a nivel nacional, donde en la oportunidad, la medida de protesta será hasta lograr el objetivo de la anulación definitiva de la ley.

Para el efecto, el dirigente alteño de los operadores señaló que los diferentes sindicatos pertenecientes al ente máximo de los choferes de esta ciudad se movilizarán hacia la sede de Gobierno el lunes 8 de noviembre, para sumarse a las otras organizaciones como gremiales, maestros, sector salud y otras instancias que aseguraron su presencia.

“En la última movilización que hemos efectuado el 11 de octubre, se ha advertido al Gobierno con tomar nuevas medidas de fuerza, es por eso que ahora junto a muchos representantes y líderes sindicales de diferentes organizaciones hemos tomado la decisión del paro nacional indefinido, hasta lograr nuestro objetivo en favor de todos los bolivianos”, afirmó el dirigente del transporte público de minibuses.

La preocupación del sector, así como la población en general, es que luego de un análisis efectuado aseguran que de no anularse totalmente la Ley 1386, el Gobierno puede retomar en cualquier momento la misma para arremeter en contra la ciudadanía con los mismos riesgos de afectar a sus bienes a sola denuncia.

Debido a todos estos riesgos que se presentan, la ciudadanía en torno a sus organizaciones sociales y cívicas tomó la decisión de un paro cívico indefinido para que el Gobierno nacional abrogue esta ley definitivamente.

Para la ocasión, también anunciaron que los nueve comités cívicos de Bolivia determinaron sumarse al paro indefinido contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, medida de presión que comenzará el 8 de noviembre.

El acuerdo fue tomado el miércoles 3 de este mes en una reunión del Consejo Nacional de Comités Cívicos de Bolivia, ante la indolencia actual del Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) que insiste en imponer un paquete de leyes que atentan contra las libertades democráticas de todos los bolivianos.