Un numeroso grupo de trabajadores, la mayoría mujeres, del Hospital San Juan XXIII de la ciudad de La Paz, llegó ayer hasta las puertas de la iglesia San Francisco e iniciaron una protesta exigiendo respeto a sus derechos laborales.
Con carteles, pancartas y megáfonos, trabajadores de este nosocomio se asentaron en la entrada principal de la iglesia para pedir a monseñor, Percy Galván, los atienda.
Los trabajadores exigían ser reincorporados a su fuente de trabajo, por lo cual contaban con el apoyo de la Central Obrera Departamental (COD).
Los trabajadores aclararon que no están en contra de la Iglesia Católica y que solo pedían su derecho al trabajo.
El Hospital Juan XXIII, ubicado en la zona de Munaypata, en la Sede de Gobierno, fue fundado por religiosos italianos que llegaron al país, sin embargo el manejo de ese centro de salud no se llevó adelante como se esperaba por lo que se llegó a adeudar suelos a los trabajadores.
El conflicto de este nosocomio viene desde hace varios meses atrás, por lo que incluso la Defensoría del Pueblo buscó mediar una reunión para llegar a un acuerdo.
El ejecutivo COD La Paz, Felix Nina, que encabeza la vigilia, reclamó que “hace año y medio que ellas están despedidas ilegalmente, sin documento; les adeudan salarios, aportes a las AFP hace nueve años y el arzobispo Percy Galván incumple el convenio colectivo que firmamos hace un año”.
Desde marzo de 2021 esas trabajadoras tomaron las puertas del hospital ubicado en la ladera oeste de La Paz pero no son atendidas. Otras de las despedidas ilegales reclamaron pago de beneficios sociales, y tampoco tienen respuesta, señaló Nina.
El dirigente reclamó que “durante la pandemia, cuando todos necesitábamos oxígeno, Unidades de Terapia Intensiva UTI y atención médica de mucha urgencia, ese hospital no atendió y ahora la Iglesia Católica incumple con sus trabajadores”.
La mañana de ayer feligreses y ciudadanía que sale a pasear se encontró con carteles del Sindicato de Trabajadores del Hospital Juan XXIII y de la COD La Paz. Este caso se suma a otros 5.000 trabajadores, fabriles, mineros, salud, constructores, Infocal y otros sectores, cuyos trabajadores que fueron despedidos ilegalmente.
Miles de esos trabajadores despedidos ganaron amparos constitucionales con inapelable Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que NO se ejecuta, por inacción o posible complicidad con empresarios, de las Salas Constitucionales Departamentales (Órgano Judicial) y de las Fiscalías en los nueve departamentos.