El municipio de Tiquipaya está en riesgo de perder un crédito de 118 millones de bolivianos por la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en Bruno Moqo, lugar que se constituyó en la manzana de la discordia entre dos grupos, unos que aprueban la construcción del proyecto y otros que rechazan la propuesta.

“Son 118 millones de bolivianos destinados, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la cooperación francesa, para este proyecto que ahora está en riesgo de no ejecutarse, lamentamos la actitud de algunos dirigentes que seguramente están mal informados respecto a los alcances de la propuesta”, indicó el secretario de Coordinación General de la Gobernación, Juan Carvajal.

Ante la contaminación del río Rocha, la Contraloría General del Estado (CGE) emitió recomendaciones a los municipios del eje metropolitano para que ejecuten proyectos con el fin de mejorar la calidad del agua.

“Todos los gobiernos municipales del eje están conminados a ver el tema medioambiental; nadie está exento de solucionar el problema, en este caso con la implementación de plantas de tratamiento”, explicó Carvajal.

La Alcaldía de Tiquipaya inició ayer el estudio geológico para licitar el proyecto llave en mano de la planta de tratamiento de aguas residuales; lo que desembocó en un enfrentamiento con varios heridos entre quienes apoyan y están en contra del mismo.

Gobernación llamó en las últimas horas a una mesa de diálogo, pero la parte que se opone no asistió a la reunión, sin embargo, las autoridades departamentales anunciaron que persistirán en la realización de una reunión entre las partes para llegar a consensos sobre este tema.

Entretanto, los vecinos de Bruno Moqo, donde se pretende instalar la planta de tratamiento de aguas residuales, desconfían del proyecto y exigen informes pormenorizados, al mismo tiempo que proponen su instalación en otro sector.

En Tiquipaya, las aguas servidas tienen apenas tratamiento básico o ninguno y llegan a ríos como Ángela Mayu y el Rocha, de acuerdo con informes de la CGE.

El abogado de la comunidad de Bruno Moqo, Sergio Coca, informó que se pretende instalar la planta “sin ningún consenso con los vecinos y sin la socialización del proyecto”.

Aclaró que los vecinos necesitan conocer el impacto ambiental. “No están en desacuerdo, lo necesitan. Pero, dicen que, si a menos de mil metros va a haber olores, es preferible que se vayan a otro lugar, porque va a afectar a la salud y a toda la región, donde hay producción agrícola”.

Aclaró que aceptarán el proyecto luego de analizarlo con los técnicos, “si es que cumple con los requisitos mínimos para que no afecte a sus fuentes laborales y para que no afecte su diario desenvolvimiento”.

Coca dijo que tuvieron una reunión con el alcalde Juan Pahuasi en la Municipalidad y que también participaron de inspecciones junto a otras autoridades y técnicos; ahí evidenciaron que existen un colegio y un hogar de niñas en la zona.

A los pedidos de conocer el Documento Base de Contratación (DBC) y el tipo de tratamiento que se hará a las aguas, se sumaron también el Distrito 6, Cuatro Esquinas y representantes del colegio y el hogar.