La presidenta del ente colegiado, Silvia Padilla, dijo que Bolivia vive en incertidumbre jurídica por la cuestionada labor de los magistrados del TCP, mientras los derechos y garantías constitucionales de las personas “no están siendo precautelados por nadie”.
“Lamentablemente tenemos un guardián, que lejos de ser un guardián de la Constitución es un guardia puesto por el poder político y que va a hacer de todas maneras lo que el poder político quiere”, declaró entrevistado por el periodista Iván Ramos para la red Erbol.
La crítica hacia el TCP surgió luego que el ministro de Justicia Iván Lima comentara el contenido de un fallo del Tribunal, declarando inconstitucional los juicios en rebeldía, situación que fue negada por el presidente del TCP, Paul Franco Zamora.
Sin embargo, la controversia creció cuando se conoció el contenido de la sentencia constitucional 0012/2021, firmado por la mayoría de los magistrados y que el mismo, para que tenga validez, no fue notificado a la Asamblea Legislativa Plurinacional y sobre todo a la exdiputada Norma Piérola, quien en diciembre de 2019 demandó la inconstitucionalidad de los artículos 91 Bis y 344 Bis del Código de Procedimiento Penal, introducidos por el art. 36 de la Ley 004 de Juicio de Responsabilidades contra altas autoridades de Estado.
“Si son intereses políticos los que están siendo cuestionados a través de una acción constitucional, solo Dios y su ayuda hará que prevalezca la justicia”, manifestó.
Afirmó que es lamentable la situación de entredicho del TCP, porque las personas pasan y las instituciones quedan.
“La destrucción institucional ha resultado evidente para todos nosotros y mucho, en las actuales circunstancias, no se puede hacer”, manifestó Padilla en referencia al trabajo de los magistrados del Tribunal. (Erbol)