A pesar de cuestionamientos por parte de la oposición sobre el excesivo poder que se le otorga al Ministerio de Economía para el inicio de persecuciones financieras en contra de cualquier ciudadano, la Cámara de Senadores sancionó la Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y la remitió al ejecutivo para su promulgación.

Durante la jornada pasada, diferentes legisladores de oposición manifestaron su desacuerdo con esta norma por considerar que se atenta contra la libertad financiera de la ciudadanía.

Para el senador por la agrupación Creemos, Henry Montero, el partido gobernante da poder para que desde el Ministerio de Economía se inicien investigaciones financieras a cualquier ciudadano de forma discrecional.

“Con esta ley, el Movimiento al Socialismo le da un súper poder al Ministerio de Economía para que pueda tomar las decisiones en relación a procesos de investigación financiera”, dijo en conferencia de prensa.

Montero sostuvo que con la nueva norma, la gran parte de la población boliviana que genera ingresos de manera informal, deberán estar atentos a posibles persecuciones financieras ordenadas desde el Estado.

“El 80% de bolivianos que tienen actividad informal, hoy tienen que cuidarse, porque se viene una persecución financiera, tendrán que demostrar documentalmente como han crecido en sus patrimonios, porque la unidad de investigación financiera tiene toda la potestad de poder investigar”, manifestó el legislador.

Agregó que otro aspecto peligroso es la autorización para la escucha de llamadas telefónicas sin precisar de un requerimiento emitido por autoridad competente.

Al respecto el senador Rodrigo Paz Pereira, señaló que con la aprobación de esta norma se da rienda suelta para que se desate una especie de persecución en contra de ciudadanos que no cuenten con formalidad en sus actividades económicas, mismas que derivaran en allanamientos, arrestos de comerciantes y acceso a información bancaria de carácter privado.

“Aprobaron la Ley 108 que da poderes ilimitados a la Unidad de Investigación Financiera para investigar a los bolivianos. Entrarán a cuentas, propiedades, llamadas privadas, podrán arrestar a comerciantes, gremiales, empresarios, transportistas, etc. Lo que se viene Bolivia” expresó desde sus redes sociales.

Opositores, además, temen que la norma de inicio a una persecución contra el empresariado bajo el argumento de que se ha detectado una supuesta transacción sospechosa que dará inicio a investigaciones y persecución.

Desde el oficialismo, el diputado Juanito Angulo, rechazó que se emitan cuestionamientos contra esta ley, pues solo se intenta brindar seguridad jurídica a la población, y de esta forma garantizar la seguridad interna del Estado.

«Los legisladores estamos en la responsabilidad de contribuir al pueblo boliviano y generar el marco normativo para dar seguridad jurídica ante los diferentes hechos ilícitos; para garantizar la seguridad interna y externa del Estado Plurinacional”, señaló.

El proyecto de Ley consta de siete artículos, una disposición adicional y una disposición final única, busca promover y fortalecer acciones para prevenir, detectar y reprimir estas actividades ilícitas que se constituyen en una amenaza para la integridad del sistema financiero, económico y a la sociedad.