La Comisión Nacional de la Salud (Conasa), mediante un pronunciamiento, consideró una “actitud discriminatoria” que el Gobierno no le haya consultado para elaborar el reglamento, del cual, además, observó que contiene una improvisación en su contenido técnico científico.

Asimismo, el Colegio Médico de La Paz también expresó su rechazo al decreto que calificó “dictatorial, excluyente y atentatorio a los derechos establecidos en favor del Sector Salud, además de constituirse en una norma carente de criterio técnico, e insuficiente instrumento para afrontar la pandemia”.

De parte del sector sindicalizado, el dirigente del Sirmes de La Paz, Fernando Romero, rechazó el reglamento porque considera que amenaza con encarcelar a los salubristas que hagan protestas en favor de la salud de la población.

“Totalmente irregular, dictatorial (el decreto), prácticamente estamos viviendo ahora como dictadura. Nosotros Tendremos que estar cuidando siempre para no terminar en la cárcel. Lo denunciamos: el presidente (Luis) Arce está penalizando la lucha del profesional. Hoy día tenemos el riesgo de estar en la cárcel por luchar por nuestro pueblo”, afirmó Romero.

En su artículo 17, el reglamento establece que “Durante la Emergencia Sanitaria, queda prohibida la suspensión y/o interrupción de los servicios de salud, de ser así, de oficio o por denuncia ante las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus competencias, ejercerán medidas sancionatorias o administrativas, de corresponder, pondrán en conocimiento del Ministerio Público para su procesamiento penal”.

Romero recalcó que con esa norma cualquier profesional en salud que pretenda reclamar por sus derechos puede ir a la cárcel.

Además, observó que con la Ley de Emergencia Sanitaria se da pie a las adquisiciones con confidencialidad que pueden derivar en sobreprecios.

La Conasa rechazó también que con la norma se otorgue decisiones vinculantes a la Comisión Nacional Estratégica para Emergencias Sanitarias (una entidad conformada por representantes de ministerios), “carentes de socialización excluyendo la participación activa del Pueblo Boliviano y Población Organizada”.

El Comisión y el Colegio Médico ratificaron sus estados de emergencia ante esta situación, mientras que Romero anunció movilizaciones.

“Vamos a estar en las calles movilizándonos, dando pelea y encarándole a la autoridad, delante del pueblo, el tipo de profesional que está colocando en el sistema, tan incompetente, tan incapaz como el señor (Jeyson) Auza”, dijo.

El dirigente del Sirmes anunció que también se recurrirá a instancias judiciales, aunque considera que existe un control “totalitario” del gobierno hacia ese órgano. (Erbol)