El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) alertaron que, entre el 2017 y abril de 2022 se registraron 191 ataques a defensores y defensoras ambientales. Lo más preocupante es que durante los primeros meses de este año se agravaron los tipos y formas de ataques.

Así lo hizo conocer el investigador del Cedib, Miguel Miranda, durante el lanzamiento virtual del “Mapa de Ataques a Defensores Ambientales”, en el que también participaron la líder indígena Uchupiamona de la Contiocap, Ruth Alípaz; Alexandra Loaiza de Protección Internacional Colombia y el activista, Franco Albarracín.

“La tendencia es al agravamiento de los ataques, los de tipo 5, 6, 7 y 8 son los más graves. A partir del 5 en adelante son los más graves, como el atentado a la integridad física, asesinato”, dijo. En los primeros cuatro meses de 2022, advirtió que el 74 % de los ataques, está dentro de los más graves.

“Estamos asistiendo a una intensificación y agravamiento a las formas de ataque”, señaló Miranda.

De los 191 ataques registrados a defensores y defensoras del medioambiente entre el 2017 y 2022, dijo que las víctimas suman 31 personas, de los cuales 19 son mujeres y 12 varones, 24 líderes indígenas, campesinos, otras organizaciones y siete son miembros de base.

En cuanto a la edad, 28 defensores (as) se encuentran entre los 23 a 59 años y tres tienen 60 para adelante. Tomando en cuenta su ascendencia ocho son indígenas, 10 son campesinos, 13 son pobladores de ciudades capitales o poblaciones de provincias.

Al ver el ámbito de defensa de resistencia en el que se encuentran, cuatro están en la lucha contra los proyectos mineros, nueve en resistencia a proyectos hidrocarburíferos, cinco se resisten a proyectos de infraestructura para el extractivismo, 10 son defensores del medioambiente en general y tres defensores de Derechos Humanos. Aunque esta clasificación no es cerrada.

PERPETRADORES

“Pero la mirada queda incompleta si no vemos a los perpetradores, es importante identificar quiénes son denunciados por las víctimas (…). En la base de datos se ven a perpetradores directos e indirectos». Solo enfocándose en los perpetradores directos, señaló que un 45 % actúa desde la estructura del poder del Estado, el 37 % son autoridades y entidades públicas, donde los defensores los señalan con nombre y apellido.

Un 29 % agrupa a personas, grupos y organizaciones de civiles que atacan a los defensores, motivados por el apoyo militante al partido gobernante; es decir, son aliados en la sociedad civil, en el territorio y se convierten en cómplices de los ataques.

“Un 16 % son empresas, la mayoría públicas y cooperativas, y 7 % apenas son la Policía y las Fuerzas Armadas, además de un 3 % anónimos”, dijo.

¿Qué revelan estos datos?, preguntó el investigador e inmediatamente señaló que se tiene un 90 % de perpetradores que forman parte de manera directa o indirecta de la estructura del poder gobernante.

“Y la actuación en la mayoría de las veces es de manera combinada. Cuando hablamos del poder gobernante, no solo hablamos del Gobierno nacional, sino también de gobiernos locales”, aclaró.

Viendo los datos de manera desagregada citó que casi el 40 % representa a la alcaldías y a gobiernos departamentales, que son denunciados como perpetradores directos.

“También atacan de manera directa las altas autoridades del Gobierno nacional, aunque esto ha bajado un poquito. En el gobierno de Evo Morales era recurrente los ataques del Presidente o Vicepresidente”, mencionó.

En tanto que las instituciones a mediano rango que son señaladas como perpetradoras de las y los defensores, resalta el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), YPFB Chaco, ENDE, el Órgano Judicial, fiscales y jueces, que representa al gran bloque perpetrador. “Sumando todos los actores estatales y los civiles fervientes que apoyan al partido gobernante, tenemos 90 % que forman parte de manera directa e indirecta al poder gobernante”, señaló.

¿Quiénes son esos civiles afines al poder gobernante que representan el 29 % y atacan a los defensores?, lanzó la pregunta y mostró que se trata de dirigentes y organizaciones sociales afines al partido gobernante, además de operadores políticos que se camuflan en esas organizaciones y actúan en el ámbito local.

“Otro grupo de perpetradores está representado por comunarios, residentes y colonos afines al partido, asociaciones de grupos económicos vinculados al agronegocio, asociaciones e incluso organizaciones no gubernamentales (ONG) afines al Gobierno”, manifestó.

Miguel Miranda hizo notar que hay tres tipos de ataques que concentra el Estado, y representa el 63 % de los ataques registrados entre el 2017 y 2022.

“Son ataques que no quieren levantar mucha polvareda, sobre todo hacia afuera, porque construyó una imagen (…). Estos tres tipos de ataques tienen que ver con el desprestigio; hostigamiento, acoso, intimidación; coacciones a organizaciones”, dijo.

Explicó que el MAS ha construido en todos estos años una imagen hacia el exterior de alto desempeño en DDHH, derechos indígenas y cuidado de la “Madre Tierra”.

“Esta imagen construida es uno de sus principales pilares de legitimidad hacia afuera. El bajo perfil de los ataques a defensores de Derechos Humanos y la Naturaleza es coherente con este hecho”, señaló.

Sobre este esquema, dijo que el Gobierno, junto con toda la gama de sectores que le son adherentes, construye una narrativa aparatosa para darse legitimidad y deteriorar la de sus contendientes. (Brújula Digital)