La convocatoria para el servidor público del Instituto de Investigación Forenses (IDIF) fue tramitada desde fines de 2021. La necesidad del especialista derivó en la gestión legislativa, a cargo del diputado Oscar Balderas, quien comprometió en Sucre que la Fiscalía General agilice cubrir esa acefalia hasta mayo, sin embargo, la ausencia del servicio genera inconvenientes en la población.

En un reciente caso, del 8 de abril, cuando un adolescente recibió una golpiza, estuvo en terapia intensiva y al día siguiente murió. La familia aguardó 12 horas para recibir el cuerpo y enterrarlo; la autopsia fue practicada por un galeno que tuvo que viajar desde Guayaramerín.

“Mi sobrino falleció a las siete de la noche (del sábado) hasta que hagan la solicitud del Ministerio Público y hagan el traslado del médico forense, han pasado más de cinco horas; hasta que se traslade a Riberalta, el cual (médico) llegó recién a la una de la madrugada y la autopsia duró más de cinco horas, fue hasta el amanecer, hasta las siete menos 20 de la mañana”, relató el señor Einar Gonzalves, tío del adolescente fallecido.

El ciudadano dijo a la ANF que este inconveniente provocó angustia a la familia y un momento de impotencia ya que, por las circunstancias del incidente, no recibía la atención de autoridades.

“¿Cómo Riberalta, provincia Vaca Diez, no cuenta con un especialista, un médico forense? Imagínense, con más de 120.000 habitantes y que sí lo tenga Guayaramerín, que es la cuarta parte (en población)”, sostuvo Gonzalves.

Relató que también atraviesan otros inconvenientes sobre el proceso penal contra los dos presuntos autores de la muerte de su familiar. Denunció que el juez del caso se parcializó con la contraparte y una muestra de esa acción es que suspendió una audiencia de reconstrucción del delito para el martes 19 de abril, por la noche, luego que la defensa legal dijera que no había condiciones.

“El centralismo del Estado no considera criterios poblacionales para resolver la crisis de la justicia en lugares como Riberalta, que son próximos a la frontera y atienden demandas de otros departamentos como Pando o el norte de La Paz”, dijo el diputado Balderas. Aseguró que hay otros casos similares que también tuvieron retraso en el examen forense. “Por deficiencias estructurales del Ministerio Público, quedan en la impunidad”, sostuvo.

En marzo, dijo que ya envió una solicitud a la Fiscalía para cubrir la acefalia y la respuesta que obtuvo, afirmó, fue que “no hay profesional calificado” para ocupar el cargo. Tras su última visita a Sucre, logró el compromiso de designar al médico hasta mayo.

En una actividad fiscalizadora, el legislador identificó otras anomalías de servicios en el municipio. Mencionó que no existe Cámara Gesell en la Fiscalía departamental de Beni. “El juzgado de niñez y adolescencia no cuenta con psicólogos. No hay tampoco abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, que debiera garantizar el derecho de defensa y el acceso a una justicia plural”, enfatizó.

Por otro lado, aseguró que no existe la regional del Servicio Integral de Justicia Plurinacional y sobre las competencias de la Gobernación departamental, alertó la ausencia de un Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica (Cepat) que corresponde al Servicio Departamental de Gestión Social, institución cuyo número de funcionarios en Riberalta llega a cuatro y en la capital, Trinidad, son 97. (Riberalta, ANF)