Los centros denunciados son: uno de Santa Cruz, dos de La Paz y uno de El Alto. En los tres primeros casos los familiares denunciantes, que acudieron a la Defensoría, señalaron que los montos, solo por atención hospitalaria, ascendieron hasta 127.445 bolivianos en el caso más extremo, y que los costos de los insumos y medicamentos que se sumaron en las cuentas son más elevados que los precios del mercado. El cuarto caso correspondió a una retención de paciente.

De acuerdo con las denuncias, el caso más oneroso corresponde a una clínica de Santa Cruz, que extendió una factura de 127.445 bolivianos, solo por atención médica hospitalaria, que no incluyó terapia intensiva, por 22 días de internación de la señora D.B.M. A este monto, se sumó otro monto similar por el auxilio del esposo de la primera, G.M.P., ambos fallecidos por Covid-19.

Los familiares manifestaron su sorpresa al encontrar en el desglose de la factura “costos demasiado altos que no guardan relación con los precios de otras farmacias”. Ellos revelaron que tuvieron que dejar los títulos de propiedad de un vehículo para retirar los cuerpos, porque no contaban con los recursos suficientes para cubrir la deuda.

La segunda queja sobre cobros elevados, refiere que un nosocomio de La Paz extendió una factura por 78.500 bolivianos por la atención de un hombre de 58 años de edad, J.A.B., que falleció en terapia intensiva. Los familiares denunciaron que no pudieron retirar el cuerpo, sino solo hasta la intervención de la Defensoría del Pueblo, porque no habían terminado de cancelar el precio señalado, pues sólo habían pagado Bs 40.000, 15.000 como adelanto de internación y posteriormente otros 25.000, y que no tenían recursos para completar el monto total.

En otro centro médico paceño se presentó una figura similar, donde cobraron una factura de 20.000 bolivianos por cuatro horas de atención a dos adultos, uno de 61 años de edad, R.C.Q. y otro de 53 años M.C.Q, ambos afectados con Covid-19. Los parientes contaron que el administrador les dijo que deberían cancelar Bs 20.000 antes de internar a ambos en terapia intensiva, y que por los costos elevados ellos optaron por retirarlos de ese centro, pero cuando quisieron hacerlo el gerente les dijo que igual debían el monto por las cuatro horas de atención. Relataron que lograron reunir Bs 10.000 para sacarlos de ese establecimiento.

En la ciudad de El Alto, otro hospital dificultó el traslado de un paciente, adulto mayor, a un centro público, debido a que ese nosocomio no tenía convenio vigente con el Sistema Único de Salud (SUS). El paciente falleció en ese establecimiento.

Más tarde, la parte ejecutiva de ese nosocomio negó los datos difundidos por la Defensoría del Pueblo respecto a que se habría dificultado el traslado de un paciente, adulto mayor, a un hospital público, debido a que ese nosocomio no tenía convenio vigente con el Sistema Único de Salud (SUS) y que el paciente habría fallecido en ese establecimiento, según los datos difundidos por ANF.

La Defensoría ha habilitado la línea gratuita 800-10-8004 y la línea de whatsapp 72006607 para recibir las denuncias o quejas contra la afectación al derecho a la salud por parte de los centros médicos.