La alianza Por el Bien Común Somos Pueblo, pidió a su presidente, Rafael Quispe Flores, “corregir sus acciones y malas decisiones o en su caso presentar su renuncia a la presidencia por haber sido uno de los principales manipuladores de la aprobación y promulgación de la ordenanza municipal, que permitiría construcciones irrestrictas”.

Según el diputado Alejandro Reyes, el Proyecto de Ley de abrogación se trabajó con la intención de defender el municipio y conminar al alcalde, Iván Arias, a que convoque a su bancada del Consejo Municipal con carácter urgente a sesionar para tratar el Proyecto de Ley y abroguen la Ordenanza Municipal atentatoria contra el desarrollo y planificación de La Paz.

“Si para el alcalde realmente esta normativa es atentatoria, no hay excusas para su tratamiento; si no aprovecha el salvavidas que le enviamos quedará en evidencia su complicidad no solo con los concejales que aprobaron la ordenanza, también con la empresa beneficiaria de la misma”, señaló.

Por otro lado, se convocó a una audiencia pública para este martes 13 de diciembre en la que participarán el equipo de defensa de la ciudad de La Paz, Juntas de vecinos, Colegios Profesionales, Cámara de Construcción, Federación de empresarios, Sociedad de Ingenieros y sociedad civil, en la que definirán acciones conjuntas para proteger al municipio.

Los proyectistas son: la senadora Cecilia Requena, los diputados Alejandro Reyes, Miguel Roca, Ingvar Ellefsen y los asambleístas departamentales; Israel Alanoca, Andrea Cheverria y María Esther Góngora.

De la misma manera, transportistas y gremiales se suman al pedido de abrogación de la normativa. Los primeros, enviaron dos cartas; una a la presidenta del concejo paceño, Yelka Maric, para pedirle que explique por escrito, qué pasó, cuáles fueron las circunstancias para que se llegue a la promulgación de la “046”.

“Rechazamos contundentemente (esa ordenanza), no sabemos qué ha sucedido en el Concejo Municipal, queremos que nos den una repuesta por escrito”, sostuvo el representante del Transporte Libre, Limbert Tancara.

Mencionó que la urbe paceña, topográficamente, no está adecuada ni preparada para que los suelos soporten grandes edificaciones, porque “vivimos en un lugar donde hay muchas vertientes y filtraciones de agua, que lamentablemente va afectar a todos”.

Además, solicitó al burgomaestre paceño, rechazar la ordenanza 046 y convocar a la Asamblea de la Paceñidad, en la que también estén los concejales que dieron vía libre a la normativa para que puedan explicar sus razones.

“No estamos acusando a nadie, simplemente estamos pidiendo que se aclare ya que, lamentablemente todos son susceptibles si esta ordenanza entra en vigencia”, sostuvo.

Asimismo pidió a las grandes empresas constructoras regirse bajo las normativas vigentes y no forzar al Concejo paceño para que apruebe normas que perjudican a la ciudad.

En tanto que, el encargado de Control Social de los Gremiales, Patricio Cáceres, aseguró que la ordenanza en cuestión también aflige a su gremio y pone en riesgo su actividad.

“Es un daño, afectará en el comercio. Son construcciones gigantescas más de 40 pisos, nuestras calles, el ancho de vía, son muy angostas y va haber sombra para los vecinos que viven aledaños”, señaló.

Ambos representantes, coincidieron en que debe haber una norma, pero ésta debe ser consensuada entre todas las partes interesadas.

El presidente del Comité Cívico de La Paz, Flavio Chacón, sentenció que iniciarán “acciones penales en contra de los concejales que promulgaron la normativa por incumplimiento de deberes”.

Asimismo, la alianza Por el Bien Común Somos Pueblo mediante la Resolución PBCSP N° 002-2022 resolvió respaldar a la presidenta del Concejo Municipal, al concejal decano y al Alcalde municipal, en las acciones legales y administrativas, destinados a impedir que entre en vigencia la Ordenanza Municipal 046/2022.

Además, exigen al exdiputado Rafael Quispe corregir sus acciones o presentar su renuncia a la alianza política, pues lo acusan de “haber sido uno de los principales manipuladores de la aprobación y promulgación de la ordenanza municipal, que permitiría construcciones irrestrictas”, apuntó el secretario ejecutivo de esa organización, Elio Yanarico.

También exigen, a los seis concejales que promulgaron la ordenanza, abrogarla “caso contrario como alianza, solicitaremos la aplicación de la Ley 1096 de organizaciones políticas”.