El municipio de El Alto presentó denuncia penal y constitucional ante el Ministerio Público, contra siete dirigentes de padres de familia quienes la noche del jueves cercaron el Jacha Uta, además de la privación de libertad en contra de más de 700 funcionarios y destrozos en dicha infraestructura, según el asesor jurídico municipal, Isaac Mauricio Navarro.

De acuerdo con el jurista, estos hechos sucedieron en torno a las protestas que realizó el grupo de padres de familia manejado por los siete dirigentes, donde al cercar el Jacha Uta y no dejar salir a los más de 700 funcionarios público del municipio pusieron en riesgo la vida de los mismos.

“Son varios los delitos que han cometido estas personas que dirigieron la turba que se presentó la noche del jueves en el edificio municipal, donde cometieron el delito de privación de libertad de las personas, la destrucción y deterioro de bienes del Estado, por lo que ya hemos conocer esta denuncia formal ante las autoridades competentes para que se haga justicia y los culpables sean sancionados como corresponde”, explicó Navarro.

Según el asesor jurídico del municipio, este grupo de personas manejadas por los siete dirigentes no tenía ninguna necesidad de actuar de esa manera, debido a que durante la mañana del jueves ya se había acordado realizar el diálogo del municipio con los representantes de base para lo cual la cita estaba confirmada para las 7:00 de la mañana del viernes en el Centro de Convenciones.

De esta manera, con esta actitud violenta el grupo radical de los padres de familia lograron poner en riesgo la vida de muchas personas entre los cuales se encontraban personas en estado de gestación, ancianos de la tercera edad y niños que junto a sus madres quedaron encerrados en el edificio de la casa comunal durante toda la noche del jueves y parte del viernes.

Isaac Mauricio Navarro, asesor jurídico del municipio de El Alto, dio a conocer las personas denunciadas ante el Ministerio Público que son: Gregorio Gómez, Evaristo Cruz Limachi, Néstor Churqui Rojas, Carlos Laura Flores, Martha Quispe Gutiérrez, Isaac Copa Vargas y Rudy Alberto Yampa quienes deberán comparecer ante el Ministerio Público en la Sala Constitucional Tercera.

“Lo que nosotros tenemos de conocimiento como Dirección de Asesoría Legal y entendemos que al haber permitido quedar encerrados durante todo este tiempo en el edificio municipal y en contra de nuestra decisión es que se ha vulnerado todos nuestros derechos de libre locomoción en ese sentido la instancia competente que debe proteger el derecho de la libertad es el Juez y el Tribunal de garantías”, explicó el abogado.

Además, agregó que algunas personas que intentaron salir del edificio como pudieron fueron golpeadas por el grupo enardecido de padres de familia, en el primer intento de lograr salir, de la misma forma cuando aproximadamente a las 4:30 de la madrugada en el momento en que se inició la primera evacuación.