La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Conticap) ve que el discurso de “plurinacionalismo e interculturalidad” son instrumentos de división y avasallamientos, lo que amenaza la extinción de los pueblos indígenas.

“El plurinacionalismo e interculturalidad se ha convertido en instrumento de división, invasión de territorios indígenas y áreas protegidas, acaparamiento de tierras para grupos afines al Gobierno, amenazando de extinción a los verdaderos pueblos indígenas que representan la plurinacionalidad del Estado”, se lee en parte del manifiesto de la Conticap a 10 años de los hechos violentos en Chaparina.

Asimismo, señala que el partido del Movimiento al Socialismo (MAS) usa los territorios indígenas, las áreas protegidas y los recursos naturales como “monedas de cambio” para adquirir votos y apoyo político, lo que creó una nueva clase de élite en el país.

“Los territorios indígenas, áreas protegidas y recursos naturales se han convertido en moneda de cambio del clientelismo de votos o apoyo político al gobierno del MAS, creando una nueva clase privilegiada de élite en Bolivia, quienes gozan de la protección para usurpar, avasallar, invadir, sojuzgar, imponer”, indica en el manifiesto.

Además, menciona que el gobierno del expresidente, Evo Morales usó el discurso de “plurinacionalismo, interculturalidad y defensa de la Madre Tierra” como una narrativa para encubrir “las políticas económicas que conlleva graves violaciones de los derechos de los pueblos indígenas”.

Por otro lado, la Contiocap exige, en el marco de los 10 años de la represión ocurrida en Chaparina, justicia para las personas que perdieron la vida y para aquellas que fueron “ultrajadas” durante dichos sucesos.

“Mientras la impunidad siga vigente, y no se identifique a los responsables, la justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, sigue encubriendo la dictadura violenta del MAS”, dice la nota.

Además, solicita que se respete las áreas protegidas del país de las concesiones mineras que son amparadas por la Ley de Minería y Metalurgia 535, que se constituye en una manera de avasallamientos hacia los pueblos indígenas.

Y por último, exige el respeto a la nueva marcha que lleva 32 días de caminata hacía la ciudad de Santa Cruz. “Se respete la legitima marcha que en estas últimas semanas lideran nuestros hermanos indígenas de Tierras Bajas, contra el atropello, el avasallamiento de nuestros territorios promovido desde el gobierno. Y debe ser respetada por quienes pretenden utilizarla para sus intereses político partidarios, y deben dejar de servirse de la lucha de nuestros pueblos, y del sacrificio de nuestros hermanos que dignamente marchan por nuestros derechos”. (Brújula Digital)