Tras acusar este jueves al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de pretender “intervenir llamadas telefónicas” y de calificarlo como “dictadorcillo y ministrillo” el diputado del oficialista MAS, Rolando Cuéllar, emplazó a las autoridades a destituir al titular de esta cartera de Estado y a Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, por una serie de observaciones a la función de ambos en sus respectivos despachos.

“Qué está proponiendo este ministro dictadorcillo, lo dejó ‘chiquitingo’ a Murillo (Arturo). Quiere intervenir las llamadas telefónicas de todos los bolivianos. Está violando el artículo 21 de la Constitución Política del Estado. Nosotros no vamos a permitir a ese ministrillo que haga lo que le dé la gana”, sostuvo el legislador.

Según Cuéllar, las autoridades observadas deben ser apartadas de los cargos que ejercen frente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), asimismo, dijo que no permitirán que “se parcialicen con uno y con otros”.

Characayo fue detenido la noche del martes por efectivos de inteligencia de la Policía, tras un operativo que encararon efectivos de élite de la División de Análisis Criminal (DACI) y encontraron supuestamente a la exautoridad recibiendo un monto de 20.000 dólares resultado de una coima para favorecer a privados con títulos de propiedad agraria en un lote en Santa Cruz. El propio titular de Justicia Iván Lima dijo que se trata “de una organización criminal”.

Después del operativo, ya en la mañana de este miércoles, el propio ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentaba ante los medios de comunicación en La Paz y explicaba a los periodistas todo el procedimiento y el aparatoso procedimiento para descubrir a Characayo in fraganti por lo que ahora espera su detención preventiva.

Sin embargo, este jueves, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, desmintió en un programa de radio que la aprehensión del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Characayo, se haya producido a causa de llamadas telefónicas interceptadas, como lo afirmó una publicación un matutino de Santa Cruz.

La autoridad de Estado aclaró a la opinión pública que la versión manejada por ese diario sobre la forma en la que se procedió a aprehender a Characayo resulta falsa.

Del Castillo aclaró que las escuchas telefónicas están autorizadas solo en materia de narcotráfico amparadas en la Ley 913, no obstante, “en esta investigación mi persona jamás ha señalado o manifestado que estaríamos realizando escuchas a ciudadanos bolivianos sobre esta temática, es totalmente falso. Un medio de comunicación tergiversó lo que había manifestado”, manifestó.(Innovapress)