“Estamos convocando a padres de familia para salir en defensa, primero del presupuesto de la educación y garantizar la salud y la calidad educativa de sus hijos, pero también organizarnos para exigir un bono de 300 bolivianos por cada estudiante al mes, para cubrir los costos del internet, para cubrir los costos de elementos de bioseguridad, puesto que ni el Gobierno ni las alcaldías garantizan estos elementos necesarios para poder acudir a las aulas”, indicó el representante José Luis Álvarez.
El Gobierno ya anunció que las clases iniciarán de forma virtual a distancias en los centros urbanos, debido a la cantidad de contagios por la pandemia.
Álvarez explicó que las clases virtuales implican que los estudiantes que no tienen recursos económicos queden marginados del proceso educativo.
“Cuando un estudiante no tiene plata para ingresar a la modalidad a distancia, como el año pasado ha quedado al margen del proceso educativo y casi en forma automática se los ha aprobado”, observó.
El dirigente indicó que en caso de clases presenciales o semipresenciales no se tienen las medidas de bioseguridad adecuadas, lo cual convierte a las aulas en focos de contagio con consecuencias como la muerte de profesores y padres de familia o la enfermedad de los estudiantes, reflejó Erbol.
Denunció que el Gobierno actúa como “Poncio Pilato”, porque se está liberando de mejorar el servicio de educación, dejando ese tema a las alcaldías y gobernaciones “totalmente raquíticas en el campo económico”.