Ante los recientes requerimientos judiciales en contra de autoridades electas por voto ciudadano, el analista político Paul Coca señaló que estas acciones por la vía de la justicia afectan no solo a los alcaldes procesados, sino también la gestión en sus municipios, porque obstruye las tareas administrativas.

Los procesos en contra de Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, e Iván Arias, alcalde de La Paz, ha provocado que estas autoridades destinen tiempo a atender estas acciones legales, lo que puede poner en riesgo una gestión municipal.

“Obviamente los alcaldes ahora van a estar más preocupados en su defensa y no van a poder realizar gestión, porque su preocupación estará centrada en la amenaza latente y jurídica de que tengan que cesar en el cargo para elegir a un nuevo alcalde”, refirió.

El analista advierte que, como se denuncia desde la oposición, estas acciones de la justicia están dirigidas solo a autoridades de municipios controlados por partidos opositores al gobierno del MAS.

“Lo interesante del caso es que todos los procesos son en contra de autoridades opositoras al MAS y no así en contra de autoridades afines al Movimiento al Socialismo”, dijo.

Se presenta –dijo– una preocupación no solamente en ámbito político, sino también jurídico, debido a la posible inestabilidad que pueda generarse a partir de una destitución, puesto que el partido oficialista cuenta con una importante representación en varios concejos municipales del país, misma que le otorga la posibilidad de ejercer presión para destituir y convocar a nuevas elecciones.

Señaló que se debe prestar atención a los nuevos casos que puedan presentarse en otros niveles de gobierno, como en el caso de la gobernación cruceña, por los procesos que enfrenta su principal autoridad.

“El caso de Fernando Camacho es el más interesante, él tiene un proceso por un supuesto golpe de Estado, pero no tiene ninguna denuncia por algún mal manejo económico que se haya realizado como gobernador en estos meses”, dijo.

Entretanto, en los últimos días, juristas y políticos señalaron que el caso de Manfred Reyes Villa es una clara muestra de la persecución política que se gesta desde el poder, por la gran cantidad de juicios que se iniciaron solo en contra de esta autoridad, cuando fungía como prefecto.

En esa línea, manifestó que estas acciones desde el oficialismo están orientadas a desvirtuar la gestión efectuada en ambos municipios (La Paz y Cochabamba) y el crecimiento en la aceptación ciudadana, hecho que genera una buena proyección política de estas autoridades de cara a futuros comicios.

En las últimas horas y mediante redes sociales, ambas autoridades señalaron contar con elementos que respaldan su defensa a tiempo de advertir intentos por desgastar sus gestiones.

“Tenemos todo el aval jurídico para respaldar nuestra defensa ante una evidente arremetida política. Se tiene que respetar el estado de derecho y la voluntad del pueblo cochabambino. No vamos a retroceder”, manifestó Reyes Villa.

Por su parte, Arias expresó dudas sobre si estas acciones responden a una “búsqueda de justicia o forman parte de una estrategia de debilitamiento, una estrategia de tenernos en vilo entre la Alcaldía y la Fiscalía, de cansancio, creo que es parte de eso”, indicó.