“Los periodistas estaremos atentos a la convocatoria del Gobierno para participar en este imprescindible debate sobre el acceso a la información, bajo la convicción de que es vital para el ejercicio de la libertad de expresión, que es el pilar de la democracia. Y sin libertad de expresión, no es posible la democracia”, indica un comunicado emitido el jueves.

Ambas instancias comunicaron que la iniciativa merece apoyo, sin embargo, se debe tomar en cuenta que “se precisa el máximo consenso con los gremios periodísticos y otros sectores involucrados en este campo, porque está demostrado que, sin previo debate y a veces sin justificación valedera, el poder tiende a establecer reservas y confidencialidad a información que debe estar al alcance de las personas”.

“Los estándares han establecido que la regla tiene que ser la máxima divulgación y que la excepción es la reserva, pero determinada por ley. Lo que no responda a estos criterios vulnera el derecho humano y constitucional a la libertad de expresión”, se destaca en el comunicado.

Agregaron que la necesidad de dotar al país de una norma de acceso a la información pública ha sido de preocupación constante para los gremios periodísticos. Recordaron que, a fines de 2015, la Asociación de Periodistas de La Paz presentó a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de ley sobre el tema, pero que no fue considerado. Además, que Venezuela y Bolivia son los únicos países en Sudamérica que carecen de esta norma.

“Se conocen, a la fecha, más de seis proyectos al respecto e incluso rige una norma de alcance municipal en La Paz, pero no hay una de carácter nacional. Bolivia y Venezuela son los dos únicos países en la región que carecen de una ley que, bajo los principios de transparencia y buena fe, haga realidad aquel principio jurídico interamericano que dice que la información no es de los Estados ni de los gobiernos, sino de la gente”.

Destacaron que el acceso a la información es un derecho humano y constitucional consagrado en el numeral 6 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es vinculante para el país mediante el Bloque de Constitucionalidad.

Los gremios periodísticos saludaron la iniciativa del Gobierno de promover el debate sobre esta norma y advirtieron que una norma que regule el acceso de la ciudadanía a la información “es una garantía de transparencia” en el manejo de los recursos públicos, el mejor instrumento para combatir la corrupción y una vía segura para eliminar la cultura del secretismo en el ámbito público, reportó ANF.

“Una ley de esta naturaleza cumple el objetivo de colocar a un gobierno en una urna de cristal, para que todos sus actos relacionados con la administración pública estén bajo la atenta mirada de la ciudadanía”, señalaron.