El director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea), Jhonn Villalba, detalló que, para informar sobre el tema, se dispuso mesas de trabajo donde se explica de qué trata la normativa desde la Ley 2434, acerca de las ordenanzas que se emitieron, además de desvirtuar declaraciones que desinformaron a la ciudadanía.
“Nosotros no podemos derogar (la resolución) y eso queremos aclararle a la población, al señor (Germán) Cachi (representante de Futecra), a las concejales y es de acuerdo al trabajo que vamos a realizar para que tengan conocimiento, y vamos a reunirnos con las Fejuves, que han entendido (aunque) al principio estaban reacios, pero cuando se les explica a detalle, se dan cuenta que los han querido usar”, detalló Villalba.
Asimismo, aseguró que a los gremiales los quisieron usar con mentiras, pues les dijeron que ellos ingresan en esta normativa, pero “eso es mentira, porque los gremiales pagan patentes no pagan tasas (entonces) se han dado cuenta y se han hecho a un lado”.
Al respecto, la alcaldesa de la urbe alteña, Eva Copa, declaró que esta actualización a la tasa de aranceles fue recomendada por el Gobierno central, debido a que no se modificaron los impuestos desde el 2005. Sin embargo, la molestia surgió principalmente en los trabajadores en carne donde el arancel por derribe de ganado vacuno pasó de Bs. 24 a Bs. 52.
Ante esa situación, el sector de afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), a la Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (Futecra) de El Alto y bloques de juntas vecinales se movilizaron con una marcha desde la avenida Juan Pablo II en protesta y rechazo de lo que denominaron “impuestazo”.
Aunque, la alcaldesa explicó que «una cabeza que nosotros faenamos cuesta entre 21 a 25 bolivianos, y del kilo de carne una buena pulpa está entre 40 y 45 bolivianos, nosotros subvencionamos casi el 70 por ciento de costos de lo que es Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (Futecra), en tema de servicios, agua, luz, funcionarios”.