Ante la falta de acciones del Gobierno para destituir al fiscal general del Estado, luego de las irregularidades y vulneraciones expresadas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la oposición y cívicos denunciaron que el Movimiento al Socialismo (MAS) mantiene un pacto para encubrir al expresidente Evo Morales.

Un comunicado conjunto emitido por el Comité Nacional en Defensa de la Democracia, entidades cívicas y las agrupaciones políticas de Comunidad Ciudadana y Creemos, señala que la inacción gubernamental para realizar cambios en el sistema de justicia responde a una estrategia para proteger y encubrir al exmandatario Evo Morales.

“Que el Gobierno no haya tomado ninguna acción para destituir al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, es la prueba irrefutable de que el estamento político del MAS mantiene un pacto de encubrimiento a Evo Morales Ayma; a pesar de que el informe final GIEI–CIDH identificó actos de impunidad evidentes”, señala el comunicado.

El documento indica que las reformas judiciales planteadas por los expertos enviados por la CIDH son la mejor forma de alcanzar justicia por todas las muertes y vulneraciones a los derechos humanos que se registraron durante las jornadas de violencia vividas en el 2019.

“Este es el único camino para que las investigaciones y procesos penales por violaciones a los derechos humanos, señaladas en el mismo informe, den lugar a un verdadero acto de justicia, especialmente con relación a las pérdidas de vidas humanas, bajo la premisa de que todas deberían valer por igual ante la justicia (Recomendaciones 9 y 10 del Informe Final GIEI-CIDH)”, indica el documento.

Estas organizaciones además advierten que el Gobierno busca mantener la condición servil y de sumisión del Órgano Judicial para continuar con la persecución a sus adversarios políticos, provocando mayor polarización y enfrentamientos entre la población.

Por estas razones, opositores y cívicos pidieron que todas las investigaciones y posibles procesos para los presuntos responsables de violación a los derechos humanos en 2019, se lleven adelante posterior a la reforma judicial, con nuevos administradores de justicia que garanticen transparencia.

También se pide parar con las detenciones arbitrarias de exautoridades y se brinde libertad para todas las personas que se encuentran privadas de libertad por cuestiones políticas, medidas que en su momento fueron calificadas como un castigo anticipado que va en contra de la presunción de inocencia.

Se adelantó elevar denuncias ante la CIDH para que esta instancia actúe como garante del seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe GIEI, así como a la Organización de los Estados Americanos y a toda la comunidad internacional.