Oposición alerta sobre riesgos de nueva norma
La aprobación se realizó durante la madrugada de ayer, luego de más de 12 horas de debate. La normativa señala que su objetivo es prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo, así como implementar mecanismos de prevención contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencional.
Con la ley, la Unidad de Investigaciones Financieras (UiF) podrá emitir normativa regulatoria administrativa contra los delitos señalados, así como determinar las líneas de acción para prevenir, detectar y reportar operaciones en torno a estos hechos, según nota de prensa de Diputados.
La propuesta legal es aplicable a instituciones públicas y privadas con competencia para efectuar labores de prevención, investigación, procesamiento y sanción de la legitimación de ganancias de forma ilegal y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas.
También alcanza a personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, cuyos actos u obtención de bienes guarden relación con actividades delictivas mencionadas en la presente ley.
El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, consideró que esta ley es una “bomba atómica para todos los sectores de actividad comercial y civil”.
Indicó que la norma incluye como sujetos obligados a los comerciantes, vendedores de inmuebles y autos, colegios, hoteles, agencias de turismo, empresas constructoras, iglesias, asociaciones civiles y fundaciones, entre las más destacadas.
Observó que autoridades administrativas, como la UIF, tendrán “súper poderes” y hasta sujetos privados pueden imponer graves sanciones administrativas, con garantía de indemnidad, y por cualquier monto involucrado en la transacción, según explicó en su cuenta de Facebook.
Alarcón sostuvo que la ley será un instrumento de abuso de poder y extorsión contra los ciudadanos, puesto que podrán imponer sanciones los agentes subordinados al gobierno, como la UIF.
Señaló que la norma otorga también “súper poderes al Ministro de Justicia y al Procurador General del Estado, que actúan como fiscales y al fiscal le dan facultad de allanamientos de comercios y viviendas sin orden judicial, fiscales que actualmente son el brazo político y represor del gobierno”.
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