El diputado y jefe de bancada de la agrupación Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, lamentó que autoridades nacionales hayan manifestado declaraciones de carácter racista al referirse a las destituciones y despidos en dos reparticiones estatales.
Informó que, en su calidad de parlamentario y ciudadano, remitió dos misivas dirigidas a la presidencia y a Cancillería, en estas se pide que se restituya en sus cargos a los funcionarios que fueron despedidos en pasados días, como única forma de resarcir el daño provocado a los funcionarios, además de exigir que las autoridades expresen disculpas públicas a los aludidos.
“En mi condición de jefe de bancada y ciudadano boliviano, estamos presentando en este momento dos cartas con relación a unos hechos de destitución y despido de funcionarios públicos que preocupan bastante, porque tienen causas o móviles racistas y discriminatorios”.
El legislador señaló que las declaraciones emitidas por altas autoridades del gobierno corresponden actos de discriminación verbal en contra de las personas afectadas o aludidas.
“De acuerdo con la Ley 045 contra toda forma de discriminación, este está calificado como un acto verbal discriminatorio, violatorio de la referida ley, y del artículo 14 de la Constitución que prohíbe toda forma de discriminación”.
Al respecto, el expresidente Carlos Mesa sostuvo que este tipo de actitudes deben ser descalificadas pues solo demuestran que existen tratos distintos a los ciudadanos dependiendo de su militancia política.
“El concepto que vulnera la norma de no discriminación y no racismo, de decir ‘a no, estos son pititas’, o sea que aquí hay bolivianos de primera y de segunda, aquí hay presidente del MAS y no presidentes del país. El comentario del ministro de relaciones exteriores ¿Qué historia es esa, en qué estamos?”, cuestionó Mesa.
Estas posiciones surgen tras las declaraciones en que el canciller del estado se refirió a funcionarios del cuerpo diplomático removidos de sus cargos, como funcionarios de nariz respingada, y por las declaraciones del presidente del Estado en las que justifica la destitución del interventor de Epsas por ser miembro de un movimiento ciudadanos denominado “pititas”.