Luego de las protestas de la población, la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, con mayoría oficialista, aprobó el retiro y archivo del proyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas; la nota con esta solicitud fue remitida por el Poder Ejecutivo.
La jornada pasada, miembros de esta comisión en la Cámara Alta anunciaron que la polémica norma fue retirada y archivada de su tratamiento.
El senador Henry Montero (Creemos) manifestó que esta determinación contó con el respaldo de la mayoría de miembros del MAS y ante la solicitud de desistimiento remitida desde el Ejecutivo, por lo que fue derivada a la Presidencia del Senado para su consideración.
“La Comisión de Constitución, con mayoría del Movimiento al Socialismo, aprobó el archivo del proyecto de Ley 218, previa aceptación de la voluntad del proyectista, el Ejecutivo. Posteriormente con nota de cortesía, el informe fue remitido a la Presidencia del Senado a efecto de su tratamiento en el pleno camaral”, informó Montero.
Al respecto, la senadora Virginia Velazco señaló que esta decisión se debe a la política de gobernar escuchando al pueblo, emprendida por esta gestión.
“Este proyecto de ley ha sido mal informado al país y nosotros desde la Cámara de Senadores hemos recibido la nota y fue retirada del Órgano Ejecutivo para pacificar el país y, para que no se presenten conflictos, lo estamos archivando”, manifestó Velazco.
Sobre el proyecto de ley, la senadora Centa Rek expresó cuestionamientos a su naturaleza, señalando que es extraño que se haya aprobado la estrategia antes que la ley, advirtiendo que desde la presidencia se tiene la potestad para realizar modificaciones en las estrategias planteadas en la norma.
“No entendemos por qué se aprobó primero la estrategia, llama la atención el artículo siete que le da amplias facultades al Presidente para poder cambiar las estrategias por decreto, algo que no es propio de un gobierno democrático, sino de uno totalitario”, indicó.
Insistió en que no existe la necesidad de cambiar estrategias por decreto, puesto que estas deben estar consideradas dentro de la propia ley y ser independientes de la voluntad del Ejecutivo.