“Quiero señalar más el caso de la Chiquitanía, porque entre el 2013 y 2019 se ha remitido de acuerdo a Fundación Tierra, 1.400 resoluciones de nuevos asentamientos dados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Pero el INRA ha reconocido 950 resoluciones”, ha mencionado durante el foro multiactor sobre desarrollo de la Red Unitas.

Según el investigador, los nuevos asentamientos de comunidades no pertenecen a la zona, pues son llevadas de otras regiones, tampoco es una migración campo-campo. “Son comunidades de poblaciones urbanas de San Julián, Cuatro Cañadas, Santa Cruz, El Torno, Yapacaní, Chapare que se organizan en comunidades para acceder a la tierra”, explica.

Alcides Vadillo observa que el tema de los avasallamientos de tierras es cada vez más recurrente y así lo reflejan los medios de comunicación. “Lo primero que hay que aclarar es ¿cuáles son las tierras que se están avasallando?, es que son tierras forestales y fiscales en su mayoría”, afirma.

Cuando se promulgó la Ley INRA, menciona que el 100% de la tierra que fue dada en propiedad equivalía al 56% del territorio rural del país, lo que significa que había otro porcentaje de 44% que estaba en Áreas Protegidas y concesiones forestales, que entonces se llamaban contratos de aprovechamiento forestal.

“Muchos de estos contratos y hay que señalarlo, eran 50 empresas madereras que tenían 25 millones de hectáreas bajo contrato forestal. Con la Ley Forestal del año 1997, bajaron de 25 millones de hectáreas alrededor de 5 millones, otros 5 millones se quedaron como reservas forestales y aproximadamente otros 12 a 15 millones de hectáreas eran tierras fiscales”, detalla.

Las tierras de concesiones forestales que pasaron a ser tierras fiscales son las que se disputan entre sectores privados, haciendo aparecer documentos de dominio agrario, y que las disputan a pueblos indígenas que están en la zona, y también las disputan poblaciones que no son necesariamente campesinas, pero dicen tener necesidad de tierra.

“Tenemos 950 comunidades nuevas, según el INRA, lo que significa 30.335 familias que han recibido tierras sobre una superficie de 1.5 millones de hectáreas solo en la Chiquitanía. Y cuando hablamos de 30 mil familias y que cada famila está compuesta por el esposo, esposa y dos hijos, entonces estamos llevando que se trasladaron a la región chiquitana 120 mil personas”, puntualiza.

Este masivo traslado de nuevas familias, advierte el investigador, tendrá consecuencias sociales porque los pueblos indígenas de la zona se sienten avasallados, pero también tienen consecuencias políticas porque el objetivo es llevar un número de población suficiente para cambiar el mapa electoral en la región.

“Este sentimiento de avasallamiento es el que se vive por eso cuando el INRA les ha dicho: vamos a inspeccionar si se está cumpliendo la Función Económica y Social (FES) es que todas estas comunidades han querido tomar posesión de estas tierras y ahí han visto las poblaciones locales un sentimiento de avasallamiento”, dice.

Incluso señala que hay demandas indígenas que fueron aceptadas por el INRA bajo saneamiento como parte del territorio indígena, donde el propio INRA Departamental ha aprobado el asentamiento de 97 nuevas comunidades creadas.

“Para demostrar que hay un elemento político, es que el 75,3% ha sido entregada a comunidades afiliadas a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTB), el 16,5% a los interculturales, el 2,5% a las Bartolinas, el 2,5% a la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob), y en una reunión que tuve hace dos semanas con mujeres chiquitanas me decían: para tener tierra hay que afiliarse a las Bartolinas aun siendo chiquitanas”, narra ante un auditorio atento.

El tema de la tierra, según Vadillo, es conflictivo por su naturaleza y por eso se establecen autoridades para resolverlo. Sin embargo dijo son muchos los intereses que giran en torno a la tierra porque tiene que ver no solo con el control sobre el acceso y uso no solo del suelo, sino también sobre otros recursos naturales como el bosque, agua, aire. Y la alteración de uno de estos elementos afectará al resto.

“Solo para sintetizar algunos de los intereses que hay en juego; la tierra tiene interés social, porque el 32% -según censo del 2012- vive en las áreas rurales, eso significa que tienen ahí su fuente de trabajo, ahí produce su producción de alimentos, ahí está su vivienda, y la mitad de esta población rural está en situaciones de pobreza, y hay intereses y necesidades”, mencionó.

El investigador señaló que la tierra también tiene una dimensión económica,  es un elemento y factor de producción, un capital imprescindible en la generación de riqueza a partir de actividades agropecuarias.

“En Bolivia, el 12% de la actividad agropecuaria se genera a partir de la actividad agropecuaria según el Instituto Nacional de Estadísticas”, citó.

La tierra también tiene una dimensión de identidad, debido a que la gente desarrolla un vínculo afectivo con el lugar donde nació, donde creció, donde vive, donde trabaja, por sus relaciones de pertenencia o dependencia.

“En Bolivia tenemos 36 pueblos indígenas que tiene un marcada relación e identidad, un marcado espacio territorial sobre el cual sienten derechos y la Constitución Política del Estado se los reconoce, además de otras identidades regionales y de clase que entran en juego en esta disputa por tierra”, puntualiza.

La tierra tiene una dimensión ambiental, donde se encuentran interrelacionados e interdependientes gran cantidad de recursos, advierte Vadillo, por lo que ampliar los niveles agropecuarios significará ampliar los niveles de desmontes, lo cual profundizará los niveles de sequía y a su vez los incendios forestales.

El caso de Las Londras en la Chiquitanía, ocurrido hace más de un mes, donde un grupo de periodistas y policías fueron secuestrados y torturados por un grupo de avasalladores armados mostró el nivel de violencia que se vive en esta región por el control de tierras. La investigación no tuvo avances sustanciales hasta la fecha, lo cual ha generado reiterados reclamos de las asociaciones y federaciones de la prensa. (Santa Cruz, Brújula Digital)