Ante lo que establece el artículo 9 de la Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que le otorga 23 atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar de forma irrestricta a cualquier institución o persona bajo sospecha, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) advirtió un peligro inminente sobre el secreto de imprenta.

En esa línea, a través de su cuenta de Twitter, Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que la reserva de la fuente protege precisamente el debate público, mientras que persecución a las fuentes pretende clausurarlo y reprimirlo.

Entretanto, que la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) advirtió, mediante un comunicado oficial, un peligro inminente sobre el secreto de imprenta en el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas que subió al Senado para su revisión.

La entidad que representa a los principales medios impresos del país propone una excepción en el artículo 11 de dicho proyecto de ley, con la finalidad de preservar el secreto en materia de imprenta reconocido y refrendado por el artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE).

La organización considera que la actual redacción de la norma, en el artículo referido, abre las puertas para que se invoque el levantamiento del secreto de fuente, lo que representaría una vulneración a la Carta Magna y un atentado a la labor libre de periodistas y medios de comunicación en Bolivia.

Revisando la norma, el acápite ocho señala que esa instancia puede requerir y obtener información de cualquier instancia, ya sea de carácter individual o colectivo, público o privado, para el cumplimiento de sus funciones.

En opinión del jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, esta ley es una “bomba de tiempo” para todos los sectores de actividad comercial y civil, porque incluye como sujetos obligados y sujetos de investigación a comerciantes, vendedores de inmuebles y autos, colegios, hoteles, agencias de turismo, empresas constructoras, iglesias, asociaciones civiles y fundaciones, entre las más destacadas.

Observó que autoridades administrativas, como la UIF, tendrán “súper poderes” y hasta sujetos privados pueden imponer graves sanciones administrativas, con garantía de indemnidad, y por cualquier monto involucrado en la transacción, según explicó en su cuenta de Facebook.

Señaló que la norma otorga “súper poderes al Ministro de Justicia y al Procurador General del Estado, que actúan como fiscales y al fiscal le dan facultad de allanamientos de comercios y viviendas sin orden judicial, fiscales que actualmente son el brazo político y represor del gobierno”.

La norma fue aprobada en la Cámara de Diputados la madrugada del viernes y remitida a la Cámara Alta para su revisión y posterior promulgación por el Ejecutivo. El proyecto tiene 59 artículos y 16 disposiciones adicionales, transitorias y finales.