La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) conformó ayer una mesa técnica-jurídica para una reunión con el Ministerio de Salud con el fin de analizar, corregir o modificar la Resolución Ministerial 251 relacionada con el pago al personal de salud.

La resolución de Ministerio de Salud fue observada por ser contraria a la Ley Marco de Autonomías y la Constitución Política del Estado, pues instruye a las alcaldías cubrir gastos del personal de primer y segundo nivel de salud sin presupuesto y porque no es competencia de los gobiernos municipales.

“Este equipo técnico que hemos conformado, más el equipo de técnicos del Ministerio (de Salud), pueda trabajar esta semana y, esta semana, tengamos resultados. Pedimos al Ministerio (de Salud) que no se proceda con el cumplimiento de esta resolución mientras no se llegue a una solución final por las observaciones”, afirmó el presidente de la AMB, Johnny Torres.

Los alcaldes y algunos representantes de los municipios capitales y El Alto se reunieron ayer en un hotel céntrico de La Paz, donde además debatieron sobre la monetización, por este año, del desayuno escolar y anunciaron que pedirán al Gobierno la ampliación del plazo para presentar los Plan Operativo Anual 2022, que deberán ser incluidos en el Presupuesto General del Estado.

Torres aseguró que en la cita de autoridades municipales estuvieron presentes los asesores legales del Ministerio de Salud, quienes aclararon que en ningún momento se pretende pasar competencias a las alcaldías sobre la contratación y costo del personal de salud en primer y segundo nivel. “Nos deja tranquilos el informe que nos han dado los técnicos del ministerio”, dijo el presidente de la AMB, quien también es alcalde del municipio de Tarija.

Dos horas duró el análisis jurídico y técnico de la AMB, y más temprano, el alcalde de La Paz, Iván Arias, sostuvo que las autoridades de municipios pretenden “tender puentes para solucionar problemas que hacen a la ciudadanía, que hacen a la buena gestión de los gobiernos municipales”.

Arias precisó que si la comuna paceña asume la responsabilidad sobre el personal del primer nivel, el costo extra para cubrir demandará 120 millones de bolivianos y 90 millones para el segundo nivel. “No estamos en condiciones (económicas) de cubrir”, agregó. “La Ley Marco de Autonomías dice que para pasar una competencia se debe asignar recursos, en este caso no se está haciendo eso”, sostuvo el alcalde de La Paz.

Al respecto, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, dijo que el común en la reunión fue el déficit presupuestario que atraviesan los municipios capitales y aseguró que con diálogo se podrá llegar a consensos con el Ministerio de Salud sobre la Resolución Ministerial 251; en tanto, su homónimo de Potosí, Jhonny Lally, dijo que la disposición del Gobierno es inconstitucional y que su administración no está en capacidad de cubrir el gasto del personal del primer nivel de salud.

En la explicación técnica estuvo presente la secretaria municipal de Salud de la Alcaldía de La Paz, Cecilia Vargas, quien precisó las modificaciones que se hizo a la Resolución Ministerial 251, que es una reglamentación de la Ley 1152, del Sistema Único de Salud.

Vargas develó las contradicciones que hay en la redacción de la nueva disposición del Ministerio de Salud, con respecto a la Ley 031 Marco de Autonomías y las competencias exclusivas de los gobiernos municipales que establece la Constitución Política del Estado.

Pero, la Ley 031, Marco de Autonomías, regula las competencias municipales sobre el primer nivel de salud y en el artículo 81, parágrafo III se dispone que la administración de la infraestructura, equipamiento y servicios básicos, entre otros, están a cargo de las alcaldías. En tanto, el personal (contratación y salario) y el horario de atención corresponden al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a través del Servicio Departamental de Salud (Sedes).