Desde que en enero de 2021 se produjo el despido de directores y jefes de protección en 18 de las 22 áreas naturales protegidas por el Estado en Bolivia, existe preocupación por el destino que puedan tener estos ecosistemas únicos.

La actividad extractiva ha encendido las alarmas; se teme que el Gobierno pueda autorizar estas operaciones dentro de territorios protegidos y que ello genere daños severos en ecosistemas frágiles y en la biodiversidad que se conserva dentro de ellos.

Un estudio del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), durante el 2020 el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) de Bolivia recibió 220 trámites para avalar actividades con restricciones en esos territorios. De estas solicitudes, 33 % son para proyectos de energía, 2 % de hidrocarburos y otro 2 % minería.

El documento que salió en marzo del presente año, se mencionan algunos proyectos que están por ejecutarse y otras presiones que continúan. En el caso del Parque Nacional Carrasco, se habla de los impactos tras la instalación de la hidroeléctrica Ivirizú; la próxima construcción de dos centrales hidroeléctricas en el Parque Nacional Tunari también está en la lista de proyectos peligrosos, y la presión constante de las empresas petroleras y sus actividades exploratorias en la Reserva Nacional de flora y fauna de Tariquía no deja de ser considerada una bomba de tiempo.

Por otra parte en el campo de la monería es preocupante el uso del mercurio, que corre por los ríos, habitad de varias especies de peces, que migran cruzando fronteras a través de las cuencas compartidas entre Bolivia y los países vecinos en la amazonia. Estos peces a su vez son fuente principal de alimentación para los pobladores de diversas regiones del lugar; se estima que alrededor del 80% de las comunidades, principalmente los pobladores indígenas, dependen del pescado para su alimentación.

Según la Organización Mundial de la Salud esta alta concentración del metal en el cuerpo, al ser ingerida con el consumo del pescado, tiene efectos en el sistema nervioso, digestivo e inmunológico. Toda esta problemática ha activado las alarmas de varios países de la región y es en este contexto que surgió la Alianza Regional Amazónica para la reducción de los impactos de la minería de oro. Comenzó en Colombia, pero ahora participan también entidades de gobierno y de la sociedad civil de Brasil, Perú, Bolivia y de la Guyana Francesa. Juntos, buscan generar espacios de colaboración y conocimiento para así poder generar acciones que prevengan, reduzcan, y recuperen los impactos de la minería de oro en los ríos, habitantes, animales y plantas de la Amazonia.

En las últimas semanas los incendios forestales, también están afectado grandes cantidades de flora y fauna en varios municipios de Santa Cruz y el Beni, entre ellos decenas de aves,  murieron  intoxicados, mientras reptiles, tortugas y pequeños felinos buscan agua a raíz del fuego en ambos departamentos, según informó Paola Montenegro, responsable del Programa de Biodiversidad de la Gobernación cruceña.

“Las más afectadas son las aves, que mueren por intoxicación”. Las llamas, afectaron más de mil hectáreas de bosque y pastizales, han matado  decenas de gorriones: batarás barradas, gorriones pico amarillo y pico rojos  particularmente en el parque de Ñnembiguazú, en Charagua.

La Gobernación de Santa Cruz hizo conocer ayer que 13 municipios se han declarado en desastre no sólo por los incendios forestales, sino también por sequías y heladas.