Desde su cuenta de Twitter, Mesa calificó a la cuestionada norma como inconstitucional. “Mediante esta ley, se pretende otorgar al gobierno del MAS un nuevo instrumento de persecución en contra de los ciudadanos que no comparten su línea ideológica.
Sostuvo que este proyecto de ley amenaza los derechos de los trabajadores y actividades económicas, por lo que su aprobación representaría un atentado que no debe permitirse.
“La Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, busca dotar al MAS de otro instrumento de persecución y chantaje y amenaza los derechos de gremiales, periodistas, transportistas, comerciantes, iglesias y otros, razón por la que no puede aprobarse”, expreso.
Estas observaciones se suman a la de diferentes gremios y actividades económicas que, en las últimas horas, manifestaron su preocupación ante la posible aprobación de esta norma.
Desde la Confederación de Gremiales de Bolivia, se afirmó que el proyecto de ley afecta al sector, porque “le da vía libre al Gobierno para la investigación de todas las actividades y el patrimonio de cualquier ciudadano”.
«Permitirá investigar al sector informal para saber de ¿dónde ha sacado su capital? ¿Cómo obtiene su plata? ¿Cómo ha conseguido su casa?, eso es lo que dice. A simple denuncia ellos pueden intervenir incluso una vivienda. Esos temas son realmente delicados”, explicó Francisco Figueroa, dirigente de los gremiales.
A estos cuestionamientos se suma el rechazo de los representantes de las iglesias evangélicas, choferes, gremios de la prensa, entre otros.
A inicios de esta semana, la senadora Corina Ferreira, en representación de la bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara de Senadores pidió al presidente de la Cámara Alta, Andrónico Rodríguez, detener el tratamiento de la norma para que se revise su constitucionalidad en el Tribunal Constitucional Plurinacional.