Ante la reciente aprobación del proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas en la Cámara de Diputados, el expresidente Carlos Mesa señaló que esta norma vulnera los principios Constitucionales y es una arremetida del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) para imponer un Estado policial.

Señaló que los intentos por aprobar esta nueva norma están orientados a imponer un “Estado policial”, donde las entidades estatales se convierten en aparatos de represión y persecución, por lo cual su posible aprobación representa una vulneración a los principios constitucionales.

“La Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas vulnera los principios constitucionales y derechos fundamentales. Es otra arremetida del gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría, como aparatos de represión y persecución”, manifestó Mesa mediante su cuenta de Twitter.

La mañana de ayer, la alianza Comunidad Ciudadana denunció que la cuestionada norma incurre en siete vulneraciones a los derechos de la ciudadanía. Se cuestiona la “Subalternización” de la Fiscalía General del Estado, como un miembro más, dentro de un Consejo Nacional, compuesto por siete miembros, seis de los cuales son componentes del Gobierno.

Se atenta contra la libertad de prensa al eliminar la confidencialidad, secreto o reserva, cuando la UIF requiera información dentro del marco de sus atribuciones. Según su artículo 11, cuando la UIF requiera información a periodistas y/o medios de comunicación, éstos no podrán invocar la reserva de fuente.

Se otorgan poderes sancionatorios a la UIF y a sujetos privados designados por esta instancia, de naturaleza administrativa, para imponer sanciones a sujetos obligados por la ley, cuando no tengan otra autoridad específica de supervisión, además establece un blindaje para el ejercicio abusivo de estos poderes.

Se politizan las actividades de investigación y juzgamiento, pues involucra al Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado, en el inicio de las actividades investigativas, en la identificación y rastreo de bienes para incautación y decomiso, y en la participación activa dentro de los procesos ya instaurados.

Se otorga súper poderes de investigación a los fiscales, sin intervención judicial oportuna y eficaz. El allanamiento es una medida coercitiva penal relativa a domicilios, viviendas, inmuebles, locales comerciales y otros por el estilo. Se les otorga este poder a los fiscales sin necesidad de requerir mandamiento judicial, así como la anotación preventiva de bienes y retención de fondos, se crea la figura del agente encubierto, la entrega vigilada, el pago al informante y el colaborador eficaz. En el contexto de un Ministerio Público subordinado al poder político.