Los legisladores del partido de gobierno señalan que tras la declaratoria de competencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia sólo queda que se presente el informe de la Fiscalía para iniciar el juicio en contra de la exjefa de Estado.
Por lo que ahora se trabaja en el alcance de consensos al interior de la Asamblea Legislativa, pues si bien se cuenta con mayoría en este espacio, el inicio de un juicio de responsabilidades requiere de una aprobación por dos tercios.
El diputado por el Movimiento al Socialismo Juan José Jauregui informó que al no contar con los dos tercios de la Asamblea, se está trabajando en llegar a consensos con las restantes fuerzas políticas que conforman este poder del Estado. El fin es lograr que se entienda el juicio como una búsqueda de justicia y no una persecución a exautoridades.
“En la Asamblea, la autorización del juicio de responsabilidades aún está vinculada a los dos tercios de los miembros presentes de la ALP, y en este momento el Movimiento al Socialismo no tiene los dos tercios. Nosotros lo que estamos apelando en el transcurso de los siguientes meses es poder lograr conceptualizar que esta posibilidad más allá de un escenario de persecución política sea entendido como una búsqueda de justicia”, refirió el legislador.
Al respecto, el diputado por Comunidad Ciudadana, Alejandro Reyes, descartó que esta tienda política apoye tal medida, por considerar que la justicia se ha convertido en un brazo operativo del oficialismo para perseguir a sus contrarios políticos.
“No vamos a permitir que la justicia siga siendo un brazo operativo del poder ejecutivo. Nosotros hemos pedido una reforma judicial que es una emergencia nacional, necesitamos cambiar a nuestros magistrados y quitarles el tinte político”, señaló Reyes.
Los argumentos por los que se intenta iniciar el juicio en contra de Jeanine Añez son haber permitido mediante un decreto que las Fuerzas Armadas intervengan en los conflictos de octubre y noviembre de 2019, tras el fraude electoral en los comicios presidenciales y la posterior renuncia y salida del país, del entonces presidente, Evo Morales.
La comisión conformada por parlamentarios de la anterior legislatura entregó un informe en el que se recomienda iniciar un juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta, procesos en la vía penal para su primer gabinete, además de los jefes policiales y militares participantes de estos hechos.