En las últimas semanas se registraron incendios en cuatro departamentos: Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca y Beni.

Desde 2019, las quemas registradas en el país arrasaron con 15,5 millones de hectáreas, según los datos oficiales emitidos por Calvimontes. En 2019, uno de los años más críticos en la historia del país, se quemaron más de 5,3 millones de hectáreas; en 2020 hubo 5,2 millones hectáreas incendiadas; y en 2021 se registraron 4,2 millones de hectáreas afectadas por las llamas.

En criterio de Arias, el problema de las quemas en el país se volvió “cíclico”. “Todos los años, en la misma época, tenemos este tipo de incendios impulsados por el gobierno central dentro de esas políticas extractivas, dentro de ese afán de cambiar los usos de suelo en diferentes departamentos”, declaró Arias, quien es integrante de la Contiocap.

Según Arias, lo que el Gobierno impulsa es una “cortina de humo” por la “necesidad de la población boliviana de contar con un pedazo de tierra” para su sustento familiar, aspecto en el que entran como beneficiarios los interculturales, mujeres campesinas Bartolina Sisa e integrantes de subcentrales campesinas.

El cívico y responsable del Contiocap afirmó que cuenta con fotografías que desvirtúan esa intención del Gobierno, debido a que se ve a gente adinerada que llega a la zona en vehículos 4 x 4 para adquirir terrenos.

¿Cómo sustenta Arias su posición en sentido de que los incendios sirven para cambiar la categoría de uso de suelos y traficar propiedades? Advierte que esta situación también conviene a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

“La sanción, las multas de la ABT por los incendios son baratísimas, entonces les sale más económicas a los empresarios. Al productor le sale más barato meterle fuego y a la ABT y al propio INRA, le conviene que la gente meta fuego porque automáticamente, según ellos, las tierras que ya están quemadas, pueden ser cambiadas de clasificación de categoría dentro del uso de suelos, de uso forestal permanente a actividades de agropecuaria, siembra de forma extensiva, monocultivos y todo ello”, declaró Arias.

Estas acciones, acotó, también son parte de un proceso de tráfico de tierras, en el que se ven implicados interculturales.

“A estos supuestos necesitados, la ABT les aprueba un programa de manejo, ellos lo venden, ni siquiera lo explotan, o venden a una tercera persona o a una empresa que es la que termina de explotar la madera rica que hay en los lugares y, una vez la tienen pelada sin madera, la venden a un tercero cayendo en tráfico de tierras”, acotó.

Arias lamentó que autoridades nacionales no hagan cumplir la normativa, en sentido de que los lugareños tienen preferencia en la dotación de tierras. Indicó que se dotan de tierras a interculturales, con fines de lograr votos en las elecciones, cuando las comunidades indígenas ya quedan chicas en espacio y se les niega el acceso a nuevos terrenos. (Brújula Digital).