Las debilidades estructurales de la economía boliviana han quedado más expuestas y agravadas en el sector fiscal, de hidrocarburos, en la agricultura y la provisión de alimentos por las consecuencias de la guerra de invasión iniciada hace cuatro meses por Rusia contra Ucrania.

Así lo señalaron los analistas Raúl Velásquez, de la Fundación Jubileo, y Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, en un conversatorio organizado por el Centro de Espiritualidad Ignaciana, moderado por Carlos De la Riva.

En su exposición, Velásquez, economista experto en hidrocarburos, sostuvo que el conflicto supone “un golpe muy fuerte” por el alza del precio del petróleo, que incidirá negativamente en la subvención de los hidrocarburos y, en consecuencia, en las arcas del Estado.

El contexto de guerra podría haber impactado de forma positiva si Bolivia hubiera tenido altos niveles de exportación de gas natural, pero su producción ha decaído debido a los errores de gestión del sector, añadió.

El problema ha llegado al punto de que la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones de hidrocarburos que había sido positiva para Bolivia desde el 2000, se convirtió en mayo de 2022 por primera vez en un déficit comercial de USD 40 millones, agregó.

SUBVENCIÓN

Un problema que requiere atención urgente, pero es muy complejo por sus implicancias económicas y políticas es el de la subvención a los hidrocarburos para el mercado interno porque “desangra” los recursos del Estado.

El litro de gasolina cuesta Bs 3,74, pero su precio real debería ser de Bs 9, mientras que, en el caso del diésel, usado sobre todo en la agricultura y el transporte, el costo del litro es de 3.72, pero el precio real rondaría los Bs 10.

Velásquez detalló que el presupuesto general de la nación ha previsto para este año un gasto de 700 millones de dólares para la subvención de los hidrocarburos, pero considerando un precio de $us 50 por barril de petróleo.

Sin embargo, en el contexto de la guerra, “el precio actual del energético está en torno a los 120 dólares por barril. Esto hace prever que hacía finales de año, la subvención supere los 2.500 millones de dólares, convirtiéndose probablemente en el año de mayor gasto del Estado en la subvención a los hidrocarburos”, advirtió el analista.

Para ilustrar la gravedad del “desangramiento”, el experto señaló en 2004, cuando comenzó la subvención, el país tenía un parque automotor de 493.893 vehículos; en 2010 subió a 961.228 y en 2020 se duplicó a 2,1 millones, de los que un 93 % son particulares y un 6 % públicos.

Para el analista, la subvención debería ser “reenfocada” para favorecer a la población de menores recursos que tiene un taxi como medio de vida, pero no debería aplicarse para los autos último modelo de gama alta.

El caso del diésel, subvencionado para la agroindustria desde hace 19 años, también debe analizarse porque en ese período el sector debería haber alcanzado una mayor eficiencia para cubrir sus costos de producción, sostuvo.

LA INVASIÓN

A UCRANIA

A su turno, el economista Gonzalo Colque afirmó que “la invasión rusa a Ucrania es un imprevisto de alto impacto para la ya malograda economía boliviana” porque Bolivia ya sufría problemas desde hace varios años, pero el conflicto bélico pone la situación “color hormiga”.

En principio, debido a que Rusia y Ucrania son grandes productores de alimentos, los precios se han disparado en el mercado internacional: el trigo subió de USD 270 a USD 350 por tonelada métrica, y la soya de USD 480 a USD 600, entre otros ejemplos.

En Bolivia, según el analista de la Fundación Tierra, los efectos inmediatos de la guerra son un mayor gasto público en la importación de gasolina y diésel, de trigo para los panificadores, en la compra estatal de maíz para avicultores y para los porcinos, y en la compra de alcohol anhidro de caña de azúcar y sorgo para producir etanol para el mercado de combustibles.

Según el analista, el negocio de vender alcohol anhidro de sorgo al Estado ha provocado que actualmente sea “el segundo mayor cultivo de Bolivia y Santa Cruz”, provocando una transformación del sector agropecuario y por tanto alimentario del país.

Los precios para el mercado interno no subirán mientras dure la subvención a los hidrocarburos y los alimentos, pero eso añade incertidumbre sobre cómo se financiará esa situación, si con deudas, ahorros o con las reservas en lingotes de oro del Banco Central, sostuvo.

Agregó que el suministro de alimentos tampoco variará mientras el sector agropecuario cruceño se beneficie, por ejemplo, con las compras estatales del alcohol anhidro a precios internacionales, según dijo.

“Este sector ha ganado bastantes privilegios, subvenciones indirectas, compras estatales a precios subvencionados”, agregó el analista al cuestionar que los productores agropecuarios del oriente tengan otros beneficios, además del diésel a costos reducidos.

No obstante, insistió en advertir del riesgo de que más tierras agrícolas “se destinen a los biocombustibles, en desmedro de la producción de alimentos” puesto que en el oriente se aceleran los proyectos de etanol con caña de azúcar, sorgo y maíz, y de biodiesel con soya.

“Es un intento desesperado por reducir la importación de combustibles”, pero en el escenario futuro tendrá un impacto porque se reducirán tierras para los alimentos.

Colque concluyó que la política de subvenciones, en particular la de combustibles, ha puesto al Gobierno “ante un problema político muy serio” porque no puede tomar ninguna decisión sin poner en riesgo su propia estabilidad. (ANF)