La oposición denunció que a través de la aprobación de un paquete de normas se intenta poner en vigencia artículos del Código Penal abrogado durante el gobierno de Evo Morales, tras varias protestas de sectores afectados.

La senadora Centa Rek (Creemos) denunció que las propuestas de ley que actualmente están siendo tratadas en la Asamblea Legislativa contienen partes de la Ley Código Penal que fueron rechazados por la población, por lo que posteriormente fueron abrogados por el gobierno de Evo Morales en enero de 2018.

“El Código Penal por el que resistimos largamente en el pasado y que finalmente fue abrogado, en este momento está siendo repartido en un sin número de leyes y aprobado en su integridad, con la finalidad de instaurar un Estado totalitario”, denunció.

Al respecto, el abogado Víctor Hugo Chávez, en contacto con EL DIARIO, manifestó que las observaciones planteadas por la legisladora deben ser motivo de preocupación.

Estos intentos –dijo– se remontan al tratamiento del proyecto de ley de Extinción de Dominio, que en su momento fue declarado inconstitucional y la Ley del Código del Sistema Penal, abrogada durante el Gobierno de Morales tras largas jornadas de protesta ciudadana.

“Contenían preceptos muy similares a los que contiene el paquete de normas que se pretenden tratar hoy”, indicó el jurista.

Rek cuestionó que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y la Ley 1390 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Corrupción introducen medidas y penalizaciones que pueden generar persecución política de forma irrestricta.

Sobre esta observación, Chávez señaló que se debe realizar una comparación de las normas cuestionadas con los proyectos de ley que fallidamente intentaron ser introducidos en la normativa nacional en años pasados.

El jurista precisó que el argumento del Gobierno por tratar de adecuar las leyes a estándares internacionales no es válido, pues las únicas normas que gozan de carácter preferente, según tratados internacionales, son las que están relacionadas a la defensa de los derechos humanos.

“Los otros que se citan son los referidos al sistema de lucha contra la corrupción y para la investigación de fortunas. Esos tratados vienen desde hace mucho tiempo y Bolivia no los ha adecuado durante la vigencia de la presente Constitución, que ya tiene 12 años” indicó.

Sobre esto, la senadora Rek reprochó que se pretenda poner en vigencia este paquete de normas bajo el argumento de intentar adecuar la normativa al ordenamiento internacional cuando las intenciones son la persecución y el amedrentamiento.

“Lo que nos resulta mucho más grotesco es el hecho de que se está usando el bloque de constitucionalidad, diciendo que nos estamos adecuando a los tratados internacionales para generar leyes que son todo lo contrario”, dijo.

En opinión de Chávez, si la intensión era estandarizar la normativa boliviana, esto se debió haber hecho desde el 2009, por lo que el Legislativo habría incurrido en una larga omisión e incumplimiento de deberes en todo el tiempo transcurrido.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aseguró que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales no atenta contra la reserva de la fuente periodística.

“Este proyecto de ley que hemos aprobado la semana anterior no está direccionado para que podamos perjudicar el trabajo de nuestros hermanos periodistas, la reserva de la fuente está garantizada; además ustedes saben muy bien que hay una Ley de Imprenta que no tiene absolutamente nada que ver con este proyecto de ley, que se trata exclusivamente de ganancias ilícitas”, declaró.