Un informe de la Defensoría del Pueblo devela que la “permisividad y laxitud” del Estado en el control y fiscalización de las actividades mineras en el municipio de Mapiri, La Paz, genera una serie de vulneraciones de derechos de los pueblos indígena originario campesinos y de la Madre Tierra.

Vulneración de derechos por omisión del control y fiscalización de actividades mineras en el municipio de Mapiri del departamento de La Paz, titula el informe, el que se generó a partir de una denuncia de la OTB de la Comunidad Indígena Originaria Lecos de Charopampa, en el municipio de La Paz ante la Defensoría del Pueblo.

La denuncia tiene que ver con los hechos sucedidos desde la gestión 2012, año en que la Cooperativa 15 de Mayo recibió del Estado boliviano, a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), los derechos mineros para efectuar la explotación del oro en esa zona.

El reporte detalla los antecedentes de las denuncias de la Comunidad Indígena Lecos de Charopampa, que argumenta la vulneración de sus derechos, asimismo, que la actividad minera se desarrolló infringiendo acuerdos (4 de mayo de 2012), generando problemas sociales, además que se incumplió la normativa medioambiental y no tendría plena legalidad.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, señaló en la presentación del informe que se identificaron muchos intereses que no son por la preservación del medioambiente o de las comunidades, sino por la explotación de minerales.

“No existe en este momento respuesta integral interinstitucional coordinada entre las instituciones estatales y locales para generar un proceso de control y fiscalización son las actividades mineras”, sostuvo.

Asimismo, dijo que “se ha evidenciado la actividad minera que genera una afectación muy fuerte a la Madre Tierra. En el caso de Charopampa estamos viendo desvío de ríos que ya son irremediables, la afectación de zonas en las que su calidad productiva no se va a poder recuperar”, alertó.

Los comunarios de Charopampa también señalan que el trabajo minero que desarrolla la cooperativa se lleva a cabo sin una consulta y sin el conocimiento de los habitantes. Denuncian que se viola varios de sus derechos como a un medioambiente sano, derecho a la consulta previa libre e informada y el derecho a la libre determinación de los pueblos.

La Defensoría del Pueblo ha detectado que las instituciones estatales no han controlado ni implementado las medidas para el ejercicio del derecho a un medioambiente sano, lo que derivó en una afectación a los derechos de la Madre Tierra.

Asimismo, señala que “en este caso, se evidencia una mala práctica para el licenciamiento ambiental”, toda vez que la adecuación ambiental mediante un manifiesto ambiental significó que no se realicen procesos informativos y de consulta pública en el marco de un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.

Evidencia que el Gobierno Autónomo Municipal de Mapiri no ejerció sus atribuciones y competencias en el marco de la Ley de Autonomías y Descentralización en relación a proteger y contribuir a la protección del medioambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción.

El informe también señala que de acuerdo a la inspección de la Autoridad Ambiental Competente Nacional realizada el 2021, se habría hallado indicios de varias irregularidades en estas mina- pozas. Una de ellas es la no aplicación de la medida de mitigación.

El reporte de la Defensoría concluye que existen indicios suficientes para una infracción administrativa y se recomienda remitir el mismo a la Autoridad Ambiental Competente Departamental para que proceda de acuerdo a la normativa contra la Cooperativa 15 de Mayo.

Por otra parte, se evidenció que la cooperativa desarrolló actividad minera no contemplada en la licencia ambiental, incumpliendo el manifiesto ambiental, lo que repercutió en la afectación del territorio de Charopampa a consecuencia del cambio del curso del río Mapiri.

La Defensoría del Pueblo en la gestión 2021 ha identificado varios conflictos mineros en el norte de La Paz, muchos de esos líos provienen de las comunidades indígenas afectadas por el medioambiente denuncian a las cooperativas auríferas y empresas privadas.

Cruz señaló que tampoco se cumplió la consulta previa en el marco de los estándares internacionales y de la normativa vigente en el país, en cambio se realizó en Charopampa un acuerdo, negociación o transacción entre la comunidad y la cooperativa, pero que está alejada de la consulta.

Añadió que otro problema es el uso del mercurio, tema que está en otro informe, en el que se alerta que no se cuenta con protocolos, con regulación ni marco normativo claro para contrarrestar los efectos que está causando el mercurio.

Cooperativas sin tener documentos legales generan intensa actividad minera, dice el Cedib.

El director del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Óscar Campanini, comentó el informe, dijo que hablar de los beneficios de la minería es “relativo” en términos económicos. Reflexionó que es muy complejo definir la salud y el medioambiente solo en función de un beneficio inmediato.

Campanini observó que si bien la ley minera no se está implementando aún porque hay muchos trámites y procedimientos que no permiten su consolidación plena, advirtió que el “espíritu de esa ley, que es muy negativo, si se está implementando”.

Manifestó que el informe de la Defensoría devela el “limbo de la permisibilidad” y que en diferentes espacios se habla mucho de la minería ilegal como un gran conflicto; no obstante, no “hay un límite claro en la ilegalidad”.

“La ley permite que se hagan operaciones mineras o la ley permite que se realicen una gran cantidad de actividades mineras, sin cumplir requisitos requeridos para aquello, eso es bastante preocupante”, sostuvo el experto en temas mineros.

Criticó que las cooperativas mineras pese a no tener todos sus documentos legales, de todas maneras, realizan gran cantidad de actividades, lo que es un tema “muy complejo”, dijo que desafortunadamente está presente en la ley y genera muchos conflictos.

“La no conclusión de trámites como un argumento para el no control y seguimiento realmente me parece un gran problema, eso es ilógico, el hecho de no tener los contratos sea un argumento para no cumplir sus obligaciones legales. Eso se hace notar en el informe y tiene que ver con la “permisividad” en las actividades mineras. (ANF)