El informe de 28 páginas admite que el proceso estuvo plagado de irregularidades, pero deriva gran parte de la responsabilidad en el Servicio Departamental de Salud de Potosí.
En el documento se acepta que el gobernador Mamani firmó el contrato, “aspecto que llama la atención”, pero no se pronuncia respecto a su responsabilidad en el caso.
Recomienda procesar a varios funcionarios subalternos, incluyendo al responsable de procesos de contratación y los tres servidores públicos que firmaron el acta de recepción de las ambulancias.
La comisión especial de fiscalización estuvo integrada por asambleístas del MAS y, mediante el voto, se evitó que se sume a los representantes de oposición. (Potosí, Brújula Digital)